El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes 2 de septiembre la jubilación del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que estuvo a cargo de estudiar cómo afecta la amnistía a los investigados de 'Tsunami Democràtic' hasta que archivó la causa, después de que el magistrado solicitara al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) adelantar a este día desde el 16 de octubre, cuando cumple 72 años.
En concreto, el BOE ha publicado el acuerdo del pasado 20 de junio de la Comisión Permanente del CGPJ por el que se declara "la jubilación forzosa por edad" del magistrado Manuel García Castellón, hasta ayer titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. El decreto está firmado por el presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte.
El CGPJ aprobó el pasado mes de junio la petición del juez de la Audiencia Nacional de adelantar su jubilación del 16 de octubre (cuando cumple 72 años) al 2 de septiembre. Desde el Central de Instrucción Seis, García Castellón ha sido el encargado de dirigir las investigaciones de casos como el de 'Tsunami Democràtic', 'Púnica', 'Lezo' o el denominado 'caso Villarejo'.
Tras regresar a la Audiencia Nacional en 2017 se hizo cargo de importantes causas de corrupción como los casos Púnica, Lezo y Villarejo, en el que ha investigado decenas de piezas relacionadas con los negocios del excomisario de la Policía Nacional José Manuel Villarejo.
También ha estado al frente de diversas causas de terrorismo como en la que propuso juzgar a cuatro exjefes de ETA por su presunta responsabilidad como miembros de la cúpula de la banda en el secuestro y asesinato del concejal del PP en Ermua (Vizcaya) Miguel Ángel Blanco en 1997, un crimen que precisamente le tocó investigar en su primera etapa en la Audiencia Nacional.
El pasado 9 de julio decidió archivar la causa de 'Tsunami Democràtic' tras conocer el auto de la Sala de lo Penal que invalida todas las diligencias acordadas por el instructor en los últimos tres años porque el juzgado prorrogó la investigación el 30 de julio de 2021, 24 horas fuera de plazo.
En el auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acordó también remitir testimonio de su resolución, así como la de la Sala de lo Penal, a la Sala Segunda del Tribunal Supremo "para su unión y demás efectos que procedan en su procedimiento de causa especial".
Cabe recordar que, después de que el juez remitiera en 2023 exposición razonada al alto tribunal, este acordó investigar por terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont y al diputado del Parlament Ruben Wagensberg.
