Barcelona
Las conversaciones entre PSC y ERC para reformar el modelo de financiación de Cataluña y, con ello, garantizar la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, han entrado en una fase crítica. Fuentes conocedoras de las negociaciones subrayan los avances cosechados en los últimos días, aunque todavía no dan por cerrado ningún acuerdo.
Mientras los socialistas circunscriben su propuesta de mejora al consorcio tributario recogido en el Estatuto y avalado por el Tribunal Constitucional, los republicanos intentan llevar más allá el cambio de modelo poniendo como ejemplo el cupo vasco. Lo que une a ambas formaciones es la conciencia de que sin una actualización de la financiación no podrá cerrarse ningún pacto de investidura.
Pero las diferencias entre los potenciales socios, cuyos contactos se dan con sumo sigilo y al más alto nivel de sus respectivas ejecutivas, no solo complican el entendimiento. Las mismas fuentes sostienen que el PSC estaría dispuesto a extender la implantación del consorcio fiscal a otros territorios para evitar una ola de descontento en comunidades que puedan sentirse perjudicadas por el actual modelo de financiación, caducado desde 2014. Se confía que de esta forma se logrará transmutar la cesión al independentismo como un mecanismo de corresponsabilidad al que puedan sumarse otros gobiernos regionales.
En este punto se cita que estatutos como el valenciano y el andaluz, en sus respectivos artículos 69 y 181, incluyen previsiones que permitirían ensayar agencias tributarias conjuntas entre Estado y autonomías. Se recuerda, además, que en el pasado se ofrecieron transferencias competenciales como la de prisiones que solo fueron aceptadas por Cataluña.
Dentro de la LOFCA
Al margen de esta cuestión, clave para apaciguar las críticas del resto de barones autonómicos, existen otros escollos. Por más que el artículo 204 del Estatut abra la puerta a la creación de un órgano mixto entre las agencias tributarias nacional y catalana, su esquema de funcionamiento no desbordaría la ley orgánica de financiación autonómica (LOFCA) de aplicación en las comunidades de régimen común. Al margen quedan, eso sí, las pegas que asociaciones como IHE (Inspectores de Hacienda del Estado) han planteado respecto al desmenuzamiento de la Hacienda nacional.
Pero ERC no se conforma, según los mismos interlocutores, con la cogestión de todos los tributos liquidados por los ciudadanos y empresas residentes en Cataluña. Ayer mismo, la consejera de Economía, Natàlia Mas, volvió a incidir en la homologación con el concierto del que gozan País Vasco y Navarra.
La formación independentista pretende obtener plena soberanía fiscal para, entre otros asuntos, regular sobre impuestos de los que ahora la Generalitat no es competente para por ejemplo introducir nuevas bonificaciones y deducciones fiscales. Actualmente, la Generalitat tiene cedidos el 50% del IRPF, el 50% del IVA y el 58% de los impuestos especiales.
Las prisas de ERC
Este planteamiento excede la especie de ventanilla única que satisfaría el consorcio tributario. Otro aspecto en el que los republicanos hacen hincapié es en el reequilibrio del sistema, aunque aquí hallan más simpatías por parte del PSC. El argumento de que Cataluña es la tercera comunidad en dar y la decimocuarta en recibir ha sido esgrimido por el propio Illa.
Las fuentes consultadas sostienen que esta situación se resolvería no tanto menguando lo que Cataluña aporta a la caja común, sino incrementando las transferencias que recibe. Se menciona como ejemplo la disposición adicional tercera del Estatut, que equipara la inversión del Estado en infraestructuras en Cataluña a la participación del PIB autonómico en la economía española. Esta medida jamás se ha implementado de forma consecuente. Cualquier pacto, por tanto, iría acompañado de más recursos para la Generalitat.
El tiempo apremia mientras PSC y ERC tratan de aproximar posturas. Hay buena disposición por ambas partes y el silenzio stampa ordenado por las cúpulas da a entender que el acuerdo podría estar cerca. Los republicanos han advertido que cualquier entente deberá ser refrendada por los afiliados, por lo que quieren cerrarla cuanto antes para iniciar un proceso de pedagogía interna. Se teme que un acuerdo de mínimos sea rechazado por los militantes.
De ahí el ultimátum de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que pidió clarificar el escenario antes de que terminase julio. Mientras, el reloj sigue corriendo. Si no hay nuevo president el 26 de agosto, los catalanes volverán a las urnas en otoño.