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El consorcio tributario del PSC se intentó implantar sin éxito en 2008

  • El modelo de gobernanza y la falta de inspectores hicieron fracasar las negociaciones
El primer secretario del PSC, Salvador Illa. EE
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El consorcio tributario recogido en el Estatut d'Autonomia, la baza esgrimida por el PSC para seducir al independentismo y formar gobierno en Cataluña, ya tuvo su oportunidad y fracasó estrepitosamente. El ente intentó articularse durante la presidencia de José Montilla (2006-2010). Por aquel entonces, los socialistas gobernaban la autonomía gracias a un segundo tripartito pactado con ICV y ERC.

Como recuerdan distintas fuentes consultadas por elEconomista.es, la comisión mixta de asuntos económicos entre Estado y Generalitat impulsó la creación de un grupo técnico de trabajo para desplegar el consorcio. Este foro estaba compuesto por miembros tanto de la Agencia Estatal de Administración Tributaria como de la Agencia Tributaria de Cataluña. El grupo se creó en julio de 2007 con la previsión de remitir un informe con sus conclusiones en agosto de 2008.

Negociación frustrada

Sin embargo, las desavenencias sobre asuntos clave como el modelo de gobernanza del nuevo órgano y la equiparación de los trabajadores de ambos cuerpos hizo naufragar la pretensión del Govern de crear una ventana única para el pago de impuestos y tasas.

Al igual que ha ocurrido con el traspaso de Rodalies, una de las claves de la negociación era saber quién tendría la llave de la caja. Es decir, la última palabra en la toma de decisiones en el Consorci. "No se pusieron de acuerdo porque si se trataba de un órgano al 50% entre la autonomía y el Estado había que nombrar a un director general de una u otra Administración", rememora una fuente consultada.

Se barajaron distintas posibilidades. Una de ellas consistía en mantener las estructuras de ambas agencias para coordinarlas mediante la creación de un tercer instrumento. Hubo otra propuesta más encaminada a refundirlas en un único ente con soberanía recaudatoria en el territorio.

Aquí los negociadores se toparon con otro problema. Aunque actualmente la plantilla de la Agencia Tributaria de Cataluña supera los 750 trabajadores, en 2007 no sobrepasaba los 300 empleados públicos. Para dimensionar el organismo era importante contar con suficientes altos cargos, inspectores y subinspectores, que solo podían proceder de la hacienda nacional. Pero muchos se negaron en redondo a integrarse en el ente autonómico ya que no tenían su destino en Cataluña y preferían mantener su estatus como funcionarios de la Administración General del Estado.

Estas dificultades empantanaron el despliegue del consorcio, según las fuentes sondeadas. Finalmente, la victoria de Convergència i Unió (CiU) en 2010 terminó de enterrar el proyecto hasta su resurgimiento ahora en plenas negociaciones de investidura.

Dificultades técnicas

La labor del grupo de trabajo también destapó algunas de las dificultades técnicas para implantar el Consorci. Como explica José María Peláez, inspector de Hacienda y vocal de IHE (Inspectores de Hacienda del Estado), hay tributos que por su propia naturaleza difícilmente pueden ser territorializados. "El IVA debe aplicarse sobre todas las compras y todas las ventas de una empresa. Además, es un impuesto armonizado por la Unión Europea. O sea que hay impuestos en que es muy complicado descentralizar su gestión a través del consorcio", argumenta.

Ocurre lo mismo con otras figuras como las que recaen sobre el comercio exterior, el impuesto sobre la Renta de No Residentes y el impuesto sobre Sociedades.

Peláez también considera que la "fragmentación perjudicaría la persecución del fraude fiscal". "El principal activo de la Agencia Tributaria es la información que contiene en su base de datos, que cruza todas las fuentes de juzgados, Seguridad Social, declaraciones... hoy en día ya tenemos un agujero negro con el País Vasco y Navarra", lamenta.

Por último, el representante de la asociación de inspectores pone el acento en que el Estatuto catalán fue recortado durante su paso por las Cortes Generales y se fijó que Cataluña no podría hacerse cargo del 100% de los impuestos recaudados en la comunidad. Complicaciones que lastran el proyecto estrella del PSC para resolver el puzzle de la financiación autonómica.

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