Barcelona
El debate sobre la financiación autonómica se ha abierto en canal en España, coincidiendo con las negociaciones para formar gobierno en la Generalitat. El secesionismo insiste en que Cataluña carece de suficientes recursos económicos para desplegar sus competencias pese a tratarse de una de las regiones que más aporta al erario. Sin embargo, este razonamiento se contradice con los datos sobre el peso del gasto público de cada autonomía, sobre todo de las más ricas.
Para saber exactamente cómo gestionan sus recursos los Ejecutivos regionales, la fuente más rigurosa es la correspondientes a la última liquidación de los presupuestos autonómicos, recopilada por el Ministerio de Hacienda, a los que tuvo acceso elEconomista. Después de cruzar esas cifras con el censo de población del INE, la conclusión es clara: Cataluña tiene un gasto público per cápita un 27% superior a Madrid, la región más homologable en términos económicos y poblacionales. Este cálculo, para ser más cotejable, excluye los intereses de la deuda, muy relevantes dado el elevado endeudamiento de la Generalitat, pero mucho menos gravoso en lo que concierne a Madrid. Se centra así en el llamado gasto social, es decir, en capítulos como sanidad, educación y seguridad, todos ellos clave en el conjunto de las autonomías.
Sobre esta base, mientras la comunidad catalana desembolsó 3.730,22 euros por persona, Madrid contuvo este montante en 2.933,28 euros. En el caso de la Comunidad Valenciana, el indicador se situó en 3.332,22 euros.
Estos datos deben ponerse en contraste con los relativos a los ingresos de cada territorio. El cómputo ahora más esgrimido, coincidiendo con las negociaciones entre el PSC y ERC, proviene de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Dicha estadística atribuye un desembolso para Cataluña de 3.453 euros. Esa cifra, según la propia AIReF es inferior al promedio nacional, pero –una vez aplicadas las correcciones por tamaño de la población, dispersión de la misma o envejecimiento– esa desviación en relación al promedio es de solo 43 euros per cápita (frente a los 212 o los 207 que muestran respectivamente Andalucía y la Comunidad Valenciana). Y, aun así, la Generalitat se permite un gasto público casi 300 euros superior a lo que recibe por habitante.
El caso de Madrid es muy diferente. Sus ingresos per cápita, siempre ajustados según las estadísticas de población, no son mucho mayores que los propios de Cataluña (3.679 euros frente a 3.453), pero su desembolso es más prudente, ya que no supera los 2.933,28 euros por madrileño.
El mayor dispendio público de Cataluña en comparación con otros territorios también influye en los desequilibrios financieros denunciados por el independentismo. Los últimos presupuestos de Pere Aragonès, que no llegaron a aprobarse y precipitaron la reciente convocatoria electoral en la comunidad, se presentaron como "los más expansivos y sociales de la historia de Cataluña".
Este ensanchamiento del gasto pretendía paliar, según argumentó ERC, los recortes de las etapas de gobierno de CiU y seducir a los comunes. En concreto, el proyecto de cuentas públicas contemplaba 2.442 millones adicionales, hasta llegar a los 43.600 millones. Por contra, el presupuesto de la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso en 2024 se quedó en 27.558 millones de euros tras aumentar un 19,6% respecto al año anterior.
Solidaridad interterritorial
Pese a que la comunidad central sea más comedida en el gasto que la otra locomotora económica de España, su contribución a la solidaridad interterritorial es sustancialmente mayor. De acuerdo con la remesa de datos publicada el pasado marzo por el Ministerio de Hacienda para calcular las balanzas fiscales, correspondientes al año 2021, Madrid contribuyó a los fondos de Garantía y de Suficiencia con 4.500 millones más que Cataluña, que aportó 1.697 millones al primer fondo y percibió 732 millones por el segundo. Mientras el primer instrumento tiene por objeto garantizar la financiación de los servicios públicos, el segundo cubre la diferencia entre las necesidades de gasto de cada autonomía y su capacidad fiscal en el año base del sistema.
Aun cuando el Gobierno se ha comprometido a facilitar más información financiera, como le solicitan sus socios nacionalistas, estos datos permiten hacerse una idea de qué territorios arriman más el hombro para ayudar a nivelar las disparidades entre regiones. Así, Madrid aportó cinco veces más que Cataluña a las arcas del Estado en 2021. Concretamente, 5.177 millones de euros, frente al saldo en positivo de su vecina condal de 146 millones.
Reforma pendiente
Más allá de la discusión sobre el gasto público y la contribución a la caja común, la actualización del modelo de financiación es una obligación imperiosa, ya que por ley debe revisarse cada cinco años. La última vez que se adaptó a la realidad del país fue en 2009, cuando José Luis Rodríguez Zapatero presidía España. Este esquema venció en 2014, por lo que el sistema de reparto lleva caducado desde hace una década.
En general, las regiones más desarrolladas como Madrid, Cataluña, Valencia y Baleares suelen tener saldos fiscales negativos, ya que dan más de lo que reciben. Lo que pretende el independentismo es estrechar el déficit fiscal resultante tras este reparto y hacerlo pactando de tú a tú con el Estado, como sucede en el País Vasco.
Sin embargo, el secesionismo no ha valorado hasta ahora si sus estrecheces financieras están relacionadas con su manga ancha y su mala gestión del gasto público.