La indemnización de Rumasa tras la expropiación del Estado hace 40 años está en el aire y el fideicomiso de José María Ruiz-Mateos, Jesús Urdiciáin, está dispuesto a lo que haga falta para dejar al margen a los hijos del empresario. "No sé qué hará la familia, no tengo contacto con ellos. Yo solo he puesto en marcha lo que me pidió Ruiz-Mateos", explica a este periódico Urdiciáin.
Según explica, el propio Ruiz-Mateos le encargó en 2014, antes de su fallecimiento, defender "los derechos de cobro por indemnización correspondientes" a los inversores de los pagarés de Nueva Rumasa. Según la escrita firmada ante notario por Urdiciáin y Ruiz-Mateos al que ha tenido acceso elEconomista.es, el fideicomiso tiene el deber de cumplir con el deseo de Ruiz-Mateos de "indemnizar por los daños causados y en la medida de lo posible" a estos inversores, excluyendo así cualquier posibilidad de cobro por parte de la familia.
La tasación de la empresa
Cuando la compañía fue expropiada hace 40 años, los Ruiz-Mateos aseguraban que su valor era de 13.712 millones de euros. Ahora, y según los cálculos de Urdiciáin, esa cifra podría ser hasta 19 veces mayor. En concreto, el fideicomiso estima un valor de más de 200.000 millones de euros. Para llegar a esta cantidad, Urdiciáin ha tenido en consideración "los tipos de interés anual estipulados por el Banco de España y los conceptos apreciados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos". Sin embargo, el fideicomiso del empresario alega que "este no es el cálculo definitivo" y expresa su iniciativa para "negociar el alcance definitivo de la deuda que el Estado tiene".
Tras la resolución, en julio del año pasado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se abría de nuevo una puerta al obligar al Estado a establecer un justiprecio por la expropiación de Rumasa en 1983. No obstante, todavía no está nada decidido, ya que el Ministerio de Hacienda aseguró que iba a recurrir la sentencia al Tribunal Supremo, quien tendrá la última palabra. Tras la expropiación, el Estado aseguró que Rumasa tenía un valor negativo de 260.000 millones de pesetas (–1.568 millones de euros al cambio). Del mismo modo, el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Madrid declaró ya entonces que el valor de cada una de las más de ocho millones de acciones expropiadas era de cero pesetas por acción, argumentando en "aras de la seguridad jurídica" que la cuestión ya estaba juzgada y "confirmada de forma reiterada" por el Tribunal Supremo.
Fue años después cuando los Ruiz-Mateos impulsaron Nueva Rumasa y volvieron a impulsar un holding industrial, que realizó emisiones de pagarés entre los años 2009 y 2011. Para esto, el grupo, presuntamente, ideó un sistema "piramidal" que le permitió captar más de 337 millones de euros aportados por, al menos, 4.110 particulares. De esta cantidad total, y según apunta la Fiscalía, la empresa no devolvió 289 millones. La teoría de la Fiscalía es clara: "estos fondos fueron redirigidos a una caja única en una sucursal del banco Etcheverría en Madrid", a la que los acusados tenían acceso. A principios de año, la Audiencia Nacional reanudó el juicio por esta supuesta estafa del caso Nueva Rumasa.
Los seis hijos varones del empresario se sientan en el banquillo de los acusados, además de estafa, de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. La Fiscalía pide hasta 16 años de cárcel— las penas de prisión van desde los tres años — y una fianza de casi 500 millones de euros. Cuando los hijos de Ruiz-Mateos declararon, alegaron ser meros empleados y que confiaban plenamente en las decisiones de su padre. Hasta llegaron a reconocer que su progenitor les dió órdenes directas: "esto hay que firmarlo, tú estás aquí, pues a firmar". "Mi jefe directo era mi padre. Yo era un empleado más por mucho que me apellidará Ruiz-Mateos. No éramos consejeros de Nueva Rumasa", aseguraron durante su declaración en el juicio. Asimismo, los letrados que defienden a los hijos de Ruiz-Mateos culpabilizaron al empresario fallecido porque era él quien "tenía el dominio funcional de las acciones que está criminalizando la Fiscalía Anticorrupción". Sus posibilidades de cobrar paracen así nulas.