
La tercera reunión para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial entre el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el negociador del PP, Esteban González Pons, con el comisario de Justicia, Didier Reynders como mediador se ha resuelto con "progresos". El encuentro, que en esta ocasión ha tenido lugar en la localidad francesa de Estrasburgo, se ha zanjado con una nueva convocatoria, esta vez en Madrid, antes de que termine marzo.
El comisario de Justicia, Didier Reynders, ha emplazado a Gobierno y oposición a una nueva reunión en la capital española en "las próximas semanas", en todo caso antes de que acabe el mes de marzo. No ha desvelado el belga si se tratará del último encuentro, aunque los plazos aprietan cuando casi se cumplen los dos meses que planteaba en un inicio.
Reynders insistió en este periodo de negociación lo "esencial es que progresamos" y se mostró optimista para alcanzar un pacto entre ambas formaciones. "Estoy convencido desde el principio que un acuerdo es posible", ha indicado el belga que ha añadido, "si no hay acuerdo el 31 de marzo al día siguiente será 1 de abril, no es tan grave".
El representante popular continúa en su tono pesimista que ha mantenido en las reuniones previas. A la salida del encuentro ha descartado ante la prensa que se produjera ningún avance y que "las posiciones siguen congeladas", ya que "nosotros queremos una reforma del modelo de Poder Judicial que garantice la independencia de los jueces y sin eso no vamos a dar un paso adelante. Y el Gobierno, lógicamente, la víspera de la Ley de Amnistía no está dispuesto a dar ese paso adelante en favor de la independencia judicial", ha criticado González Pons.
"No será por nosotros que las reuniones fracasen", ha aseverado González Pons que se ha remitido a las palabras del comisario Reynders sobre el 1 de abril para indicar "no tenemos ninguna prisa porque el final es el que tiene que ser, que tengamos un modelo de Consejo General del Poder Judicial en España que permita que lo que está sucediendo no vuelva a suceder nunca más y que los políticos quitemos nuestras manos de la elección del Poder Judicial y de los jueces".
Por su parte Bolaños considera ya todo un hito que ambas formaciones políticas estén sentadas a la mesa de negociación. "El hecho de que estemos sentados hablando de acercar posiciones es un progreso y un avance. Hemos estado un año y medio en el que el PP no se ha querido sentar a la mesa", ha indicado a la salida de la reunión.
Sobre la elección de Madrid para el próximo encuentro Bolaños ha indicado "es una negociación curiosa: dos en Bruselas, una en Estrasburgo, una en Madrid. Cualquier sitio es bueno para sentarnos avanzar por la justicia en España".
La segunda reunión entre Bolaños y Pons se resolvió, también, sin acuerdo. El vicesecretario del PP aquejó, al término del encuentro, la lentitud con la que avanzaban las negociaciones. Consideró que uno de los escollos radicaba en la divergencia de puntos de vista: mientras los populares se inclinan por la renovación y la reforma, a la vez, del Consejo General del Poder Judicial, mientras los socialistas tienen otros planes.
Rechazaba de forma tajante Bolaños que hubiera retrasos o dilaciones en la negociación. Un proceso que a su juicio pasa por, en primer lugar, renovar el CGPJ y, posteriormente, el sistema de selección de sus miembros.
El comisario belga dejó claro desde el primer momento que la negociación no debía extenderse más allá de dos meses. Fue una de las condiciones bajo las cuales aceptó el papel de mediador en la renovación del CGPJ el pasado diciembre. La primera reunión tuvo lugar en el arranque de febrero y la segunda, prevista para el día 12 del mismo mes, se terminó aplazando al 19 de febrero.
Son ya cinco años los que lleva de bloqueo la renovación del CGPJ en España, todo pese a los toques de atención desde Bruselas. La Comisión Europea ha advertido en múltiples ocasiones que el bloqueo repercute con "serios problemas en la administración de la justicia en España".
Tanto es así que, en su informe anual de Estado de Derecho en 2022, el Ejecutivo comunitario tachaba de "máxima urgencia" la necesidad de que España revisara el sistema de nombramiento de los jueces, alineándose con los preceptos de los estándares europeos. Avisaba, en este momento también del riesgo de que el organismo se volviera vulnerable a la policitación y reclamaba que los jueces sean escogidos por sus colegas.