Barcelona
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, han emplazado al Gobierno a atender las necesidades del campo español como uno de los pilares de la economía nacional y para evitar llegar a situaciones de conflicto como las que se están produciendo en Francia.
Lo han explicado en el segundo encuentro del ciclo empresarial Shuttle Madrid - Barcelona de elEconomista, celebrado este miércoles en Barcelona con la colaboración de la Fundación La Caixa y moderado por el director de elEconomista, Amador G. Ayora.
"Al mundo del campo no se le tiene casi ninguna consideración, cuando es una gran industria", ha lamentado Garamendi, con ejemplos como la gestión del agua (con casos de éxito agrícolas que no se valoran, a su parecer) y el salario mínimo interprofesional (que debería incluir un trato específico por parte de la Seguridad Social, ha incidido), y ha defendido que la CEOE está del lado de la España vaciada.
También ha criticado que las medidas antiinflación hayan dejado fuera de la bajada del IVA a la carne y el pescado, cuando también han sufrido mucho por el alza de costes, y ha aseverado que el presupuesto no es un argumento válido: "Creo que es más interesante bajar el IVA a la carne que pagar viajes en tren a los jóvenes. Para la salud de la gente, por un equilibrio nutricional, tiene más sentido y es una política social más potente que otras de repartir cheques".
Sánchez Llibre también se ha mostrado contundente sobre que el Gobierno, que ha calificado de extrema izquierda, "muchas veces plantea directrices que van en contra del empresario, la empresa y la creación de empleo", cuando los empresarios son los que generan riqueza.
En esta línea, después de que los sindicatos agrarios españoles hayan anunciado movilizaciones, ha reclamado que el Gobierno se avance para atender las necesidades del campo y evitar a situaciones de bloqueo y fallos de suministros como en Francia.
También ha incidido en la "necesaria reducción del gasto público" a través de la mejora de la eficiencia de todas las administraciones públicas, que un estudio de la CEOE calcula que podría aportar 60.000 millones al año.
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