En plenas negociaciones entre PSOE y Junts para amarrar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno ha tomado protagonismo el caso Tsunami Democràtic en el que se juzgan los disturbios posteriores a las sentencias del Tribunal Supremo a los acusados por el referéndum de octubre de 2017 y la declaración unilateral de independencia.
El juez que instruye el caso, Manuel García-Castellón, ha añadido más presión a la situación con la imputación de Marta Rovira, secretaria general de ERC, y la llamada a declarar a Carles Puigdemont, que es eurodiputado y está protegido, por lo que no puede ser investigado. De hecho, esa llamada a declarar es realmente una petición y el ex 'president' de la Generalitat no está obligado a declarar ante García-Castellón.
García-Castellón es el titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional y cree que en las actuaciones de Puigdemont y Rovira "existen elementos suficientes para considerar que los hechos podrían encajar en el delito de terrorismo", a diferencia del criterio de la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ha pedido que el caso se traslade a Barcelona y no sea competencia de la AN.
La decisión de Manuel García-Castellón ha provocado una doble reacción: la de los partidos independentistas catalanes, el PSOE y sus aliados de Gobierno, que han cargado contra lo que denominan una "derecha judicial" que pretende influir y hacer presión en las negociaciones para la nueva presidencia de Pedro Sánchez y la del PP y Vox, que han defendido la figura y proceder del juez de la Audiencia Nacional.
Quién es Manuel García-Castellón
Lo cierto es que García-Castellón es ya una personalidad del mundo jurídico conocida en todo el país. Nacido en 1952 en Valladolid, se licenció en Derecho en la Universidad de Salamanca y tras pasar por Markina (Vizcaya) y Castrojeriz (Burgos) como juez de distrito y posteriormente por Puebla de Sanabria (Zamora) y Medina del Campo (Valladolid) como juez de primera instancia e instrucción.
En 1993 entró en la Audiencia Nacional en el Juzgado de Instrucción Número 5. Fue el inicio de una andadura de siete años en la AN, en la que después fue trasladado al Juzgado de Instrucción Número 3, de delitos monetarios. En esta etapa se hizo cargo de investigaciones como el 'caso Banesto' (en la que mandó a la cárcel al famoso banquero Mario Conde), el asesinato de Miguel Ángel Blanco, el juicio al 'Comando Andalucía', las investigaciones por acusaciones de genocidio y torturas al dictador chileno Augusto Pinochet y el embargo del Atlético de Madrid y la intervención judicial del club durante varios meses dentro de las investigaciones contra el empresario y exalcalde de Marbella Jesús Gil.
Su protagonismo en la lucha contra ETA fue importante antes y después de esa primera etapa en la Audiencia Nacional, ya que entre 2000 y 2012, aunque fuera de la AN, ejerció como magistrado de enlace entre España y Francia en todo lo relacionado con delitos por terrorismo. De 2012 a 2017 desempeñó funciones similares entre España e Italia en relación con el crimen organizado.
A partir de ese año 2017 regresó a la Audiencia Nacional al cargo del Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional. Desde esa posición ha instruido casos de corrupción muy mediáticos como el 'caso Villarejo' (logró sentar en el banquillo al comisario), la 'operación Kitchen' (en la que está acusado el exministro de Interior Fernández Díaz), el 'caso Lezo', o la 'Púnica'.
Las críticas a García-Castellón: de la izquierda al independentismo catalán
Ha sido en esta etapa en la que han surgido no pocas voces que han criticado el conservadurismo de García-Castellón, que forma parte de la Asociación Profesional de la Magistratura. Han sido muy polémicas sus decisiones de no sentar en banquillo de los acusados a María Dolores de Cospedal en el juicio por la 'operacion Kitchen' por la 'caja B' del PP, rebajar la fianza del hermano de Ignacio González (expresidente de la Comunidad de Madrid) y establecer una fianza para el propio González que le permitió abandonar la cárcel tras su implicación en el 'caso Lezo'.
En paralelo, ha sio centro de los ataques de Unidas Podemos por los diversos intentos de llevar a juicio a Pablo Iglesias, exlíder de la formación, por el robo del teléfono móvil de Dina Bousselham. Todos ellos se han saldado de forma negativa e Iglesias no ha tenido que sentarse en el banquillo, pero ha colocado al juez como uno de los enemigos del partido morado.
A sus 71 años, García-Castellón pidió retrasar un año su jubilación, hasta 2024, para cerrar los diferentes casos pendientes que todavía acumula. Dos de ellos forman parte del cada vez más complejo problema del independentismo catalán: el de los CDR (Comités de Defensa de la República) y el que le ha lanzado de nuevo al centro de la polémica, el de Tsunami Democràtic.
Muchos de los críticos con García-Castellón han recordado, a colación de la imputación de Marta Rovira y la investigación a Puigdemont, unas palabras que el juez dedicó a la amnistía hace tan solo un mes, en el Foro La Región: "La amnistía no está prohibida en la Constitución, pero en la Constitución tampoco pone que esté prohibida la esclavitud". Unas declaraciones que han añadido, a posteriori, aún más leña en la hoguera mediática que está generando la posible amnistía a los encausados por el 'procés' dentro de la (todavía) pendiente investidura de Pedro Sánchez.
