Madrid/Barcelona
Tras Rosell y Bartomeu, el juez del caso Negreira añade al actual presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, entre los investigados (lo que antes se conocía como imputado) del proceso por los pagos que la entidad azulgrana realizó durante 18 años al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira.
El magistrado Joaquín Aguirre lo hace tras incluir el cohecho en el listado de delitos que habrían podido cometer los directivos, pues otorga a Enríquez Negreira la condición de funcionario público debido a sus funciones. Con ello, reinterpreta la prescripción de los hechos –siguen siendo 10 años- al calificar la falta como delito continuado y retrasa la fecha desde 2013 a 2008.
Según el juez, se debe contabilizar desde el día en que se realizó el último pago, en julio de 2018, y no desde que se admitió a trámite la querella de la Fiscalía. El nuevo plazo límite coincide con parte del primer mandato de Laporta, que ya presidió el Barça entre 2003 y 2010.
Así la clave está en considerar a Negreira como funcionario público, algo puesto en duda por algunos juristas debido a que la Real Federación Española de Futbol (RFEF) es una institución privada, pero que Aguirre defiende con un auto de la Audiencia Provincial de Madrid Sección Quinta que consideró a la RFEF de carácter "jurídico-pública" y el hecho de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europa considerase igual a la federación italiana.
Los pagos del Barça a Negreira se cuadruplicaron en el último mandato de Laporta
Hasta ahora no se había visto afectado a pesar de que los pagos se cuadruplicaron en el último año de su mandato: Negreira pasó de ingresar 145.758 euros en el ejercicio 2003/2004 a los 573.398 de la temporada 2009/2010.
Además del cohecho, le imputa presunta corrupción deportiva, administración desleal y falsedad documental, algo que se extiende al resto de miembros de su directiva.
El documento remitido en su momento por la Fiscalía al juzgado de Instrucción sostenía que los dirigentes abonaron 7,3 millones entre 2001 y 2018 a Negreira, hasta que abandonó su cargo como vicepresidente del CTA.
En su resolución el juez dice que en el cohecho no suelen haber pruebas directas, "sino pruebas indiciarias". El magistrado defiende que "por deducción lógica, los pagos realizados satisfacían los intereses del club en atención a su duración y al incremento anual". Admite que la deducción puede convertirse luego en un hecho constatado –algo que investiga la Guardia Civil- "sin perjuicio de que la deducción lógica ofrezca sus frutos como prueba plena en el acto de juicio oral, ya que es tan válida como la prueba directa".
"Dichos actos solo podían referirse a designaciones arbitrales tendenciosas o bien a admoniciones realizadas a los árbitros normalmente designados", añade en referencia a lo que buscaba el Barça. Y sigue: "Los pagos produjeron los efectos arbitrales deseados de tal manera que debió existir una desigualdad en el trato con otros equipos y la consiguiente corrupción en el conjunto del arbitraje español". El juez matiza que eso "no significa que todos los árbitros fueran corruptos, pero sí un grupo de ellos".
El Barça pone el asunto en manos del departamento legal
Preguntado por la cuestión, el vicepresidente económico del FC Barcelona, Eduard Romeu, declinó realizar comentarios sobre la imputación al estar fuera de su área. El dirigente se limitó a puntualizar que el asunto se encuentra "en manos del departamento legal del club" tras recibir la resolución.
Hace una semana, el club ya lanzó un comunicado defendiendo la integridad de su presidente tras un auto anterior. "Los juicios personales recogidos no han hecho más que generar un estado de confusión en la opinión pública y publicada que, seguro que sin querer, ha causado un grave perjuicio en la imagen del Club y de su presidente", dijo.
En su defensa, el Barcelona siempre dijo que los pagos al exdirigente del CTA y a su hijo se hicieron por informes arbitrales y de scouting. "En este 'caso Negreira', se prestaban unos servicios, documentados con facturas. Por eso, entiendo que queda claro con estos servicios que no había corrupción deportiva", sostuvo Laporta en una comparecencia en abril.
