El Ayuntamiento de Valencia, gobernado por el PP aunque sin mayoría absoluta, ha puesto en marcha los trámites para volver a cambiar la denominación oficial del municipio, que bajo el anterior equipo de Joan Ribó de Compromís y los socialistas había adoptado como nombre oficial únicamente la versión en valenciano de Vàlencia.
El nuevo equipo de la alcaldesa María José Catalá anunció su intención de recuperar también la denominación en castellano, de forma que la fórmula oficial fuera en ambas lenguas. Sin embargo, para sacar adelante el cambio los populares necesitan el apoyo de Vox, que no está dispuesto a tener un papel de mero títere después de que no forme parte del gobierno municipal.
El partido de Santiago Abascal en el consistorio de la ciudad del Turia está dispuesto a reavivar la polémica en torno a la gramático del valenciano y para sacar adelante esa modificación ha exigido que el nombre oficial en valenciano utilice el acento cerrado (Valéncia), frente al acento abierto que era la grafía adoptada oficialmente (València).
Aunque los populares intentaron llegar a un acuerdo con Vox para modificarla sin éxito, la propuesta que se llevará al Pleno en principio recoge como nueva denominación la de Valencia-Valéncia optando por esa tilde, que es el origen de una de las grandes diferencias históricas entre los defensores del valenciana. Así, la propuesta del PP y Vox sigue las denominadas 'Normes de El Puig' que siguen entidades como Lo Rat Penat y la Real Academia de Cultura Valenciana, pero es contraria al organismo oficial que se creó por ley en su día fruto de un gran acuerdo político entre los grandes partidos, la Acadèmia Valenciana de la Llengua.
Grieta entre PP y Vox
La decisión supone poner de nuevo en el punto de mira las diferencias en la lengua valenciana y además choca con el propio criterio de la Generalitat Valenciana que ahora gobierna también un popular, Carlos Mazón, en coalición con Vox.
Los partidos de la oposición, socialistas y Compromís, ya han criticado duramente con el uso del acento cerrado en el nombre oficial, el incluso consideran que la denominación oficial puede ser ilegal al rebatir los criterios del propio Estatuto de Autonomía.
La polémica llega en un momento en que el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados está en el centro del debate político y en que la propia Generalitat Valenciana ha anunciado importantes cambios tanto en los requisitos y el nivel exigido de valenciano para acceder a empleos públicos y en Educación.