El gobierno catalán ha aprobado este martes la creación del Registro de Tierras de Cataluña, a través del cual identificará campos de cultivo y pastos abandonados y obligará a sus propietarios a alquilarlos a precios asequibles durante al menos siete años.
Será la propia administración la que se encargará de sacar al mercado dichas fincas, con prioridad para los jóvenes y mujeres que muestren interés por explotarlas, pero los propietarios que se nieguen a firmar los contratos de arrendamiento verán su propiedad expropiada temporalmente, según el sistema habilitado por la Generalitat.
El Govern califica esta nueva herramienta de "pionera y muy reivindicada por las organizaciones agrarias", y argumenta que tiene como objetivo "reducir espacios agrarios en abandono para evitar el despoblamiento en el territorio y mejorar la viabilidad del sector agrario y el autoabastecimiento alimentario en Cataluña", así como combatir los grandes incendios forestales.
Este equivalente rural a la obligación de alquilar pisos vacíos en las ciudades catalanas llega después de que, en los últimos 20 años, se hayan dejado de cultivar alrededor de 100.000 hectáreas en Cataluña, con datos del Ejecutivo regional.
La administración autonómica argumenta que el nuevo mecanismo es innovador por la convocatoria pública de las parcelas en desuso y por la expropiación si la propiedad de la tierra no quiere firmar su arrendamiento, lo que es un planteamiento distinto del procedimiento de gestión seguido hasta ahora.
Agrega que, aunque esta iniciativa es por ahora de alcance solo catalán, "quizás más adelante será seguida por otros territorios".
Cómo funciona
Según la Generalitat, este proceso se realizará en colaboración con instituciones y entidades del territorio, con la comunicación e información a los propietarios y transparencia a través de un sistema que permita acceder a esta tierra mediante las convocatorias de concurrencia competitiva.
Un colectivo de profesionales relacionados con la agricultura identificará las parcelas en desuso que se incluirán en el inventario y a partir de aquí se abrirá un período de gestiones para identificar al propietario. Una vez hecha la consulta y constatado que la parcela está en desuso, o sea, que no cumple su finalidad agraria, se incluirá en el Registro.
Después de identificadas e inscritas las tierras, se establecerá una renta asequible de alquiler anual para cada una de las parcelas agrícolas y ganaderas en desuso que se encuentren en disposición de ser arrendadas. A continuación, se abrirá una convocatoria para que quien esté interesado en alquilarla pueda realizar una solicitud en la que se dará prioridad a los jóvenes, mujeres y a las empresas que estén cerca de la parcela.
Una vez recogidas las solicitudes de alquiler de la finca agrícola y ganadera en desuso, se adjudicarán las parcelas a los solicitantes, y se pondrán en contacto el propietario de la parcela y el solicitante para que firmen un contrato de alquiler.
Si la propiedad se niega a alquilar la parcela que ha sido adjudicada a un candidato, el Departamento le dirigirá un requerimiento para que formalice el contrato de arrendamiento con la persona adjudicataria.
En caso de que no se formalice el contrato, se procederá a la expropiación temporal del derecho de uso de la parcela, de conformidad con la normativa de expropiación forzosa, salvaguardando el derecho de propiedad y permitiendo la obtención de rentas.
Se hace porque se considera incumplida la función social de la propiedad del uso de la tierra por su infrautilización cuando se ha declarado la parcela en desuso y la persona titular no ha adoptado las medidas correctoras para revertir esta condición y se opone al arrendamiento de la parcela propuesto por el órgano competente.
