Todavía en estado de alarma por el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, Ecuador ha celebrado la primera vuelta de sus elecciones presidenciales con la victoria de la correísta Luisa González por delante de Daniel Noboa, con el que competirá en la segunda vuelta de los comicios. Una votación que estuvo acompañada de un referéndum muy importante pero ocultado en buena parte por la pugna por la poder presidencial.
Y es que, en paralelo a la votación por el presidente del país por los próximos cuatro años, Ecuador ha preguntado a sus ciudadanos por un aspecto clave en materia medioambiental: la explotación petrolífera que actualmente se permite en el denominado Bloque 43 del Parque Nacional del Yasuní, una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta en la cuenca amazónica del país ecuatoriano y declarada Reserva de la Biosfera de la Unesco.
La ciudadanía ha hablado: se ha frenado la explotación petrolífera del Yasuní, ya que el 58,99% de los votantes ha respondido 'sí' a la pregunta '¿Está de acuerdo en que el Gobierno ecuatoriano mantenga las reservas de petróleo del ITT, conocido como Bloque 43, en el subsuelo de forma indefinida?'.
Este ITT del Bloque 43 son tres yacimientos o explotaciones: la de Ishpingo, la de Tambococha y la Tiputini, en las que viven varias poblaciones indígenas que rehúsan voluntariamente a tener contacto con el resto de la sociedad, así como otras etnias que, aunque han mostrado su rechazo a la continuación de la degradación del territorio, han sufrido alguna que otra división por el posible impacto beneficioso de las explotaciones en la economía local y la creación de puestos de trabajo.
Sea como fuere, estas reservas de petróleo no se extraerán del subsuelo ecuatoriano del Yasuní, donde permanecerán de forma indefinida y se frenará la explotación de crudo con el objetivo de no dañar uno de los mayores ecosistemas del planeta en pleno Amazonas.
Tal y como estableció la Corte Constitucional de Ecuador el pasado mes de mayo en esta sentencia, tras la victoria del 'sí' "las medidas a implementar se realizarán a través de un retiro progresivo y ordenado de toda actividad relacionada a la extracción de petróleo en un plazo no mayor a un año desde la notificación de los resultados oficiales". Además, Ecuador no podrá iniciar nuevos contratos para retomar esa explotación de los recursos petrolíferos que hay bajo el Yasuní.
Una reserva natural de la que se extraen 55.000 barriles al día
Así, en menos de un año Ecuador ha de poner fin a una explotación petrolífera que actualmente estaba administrada por la empresa estatal Petroecuador después de pasar por varias manos de capital privado. De acuerdo con los datos que publica la empresa pública, cada día se extraen 55.000 barriles de crudo del Yasuní, lo cual supondría, tomando como referencia las cuentas de la firma, un aporte de 1.200 millones de dólares a las cuentas nacionales.
En el otro lado de la balanza, las protestas de los habitantes de la zona, que a pesar de ciertas divisiones por la vertiente económica y laboral de las explotaciones, han denunciado de forma regular y desde hace ya una década que dichas explotaciones estaban causando derrames que contaminaban los ríos y provocaron la muerte de peces y otras especies.
Así se gestó la consulta popular para frenar la explotación petrolífera en el Yasuní
Fue por eso que el movimiento Yasunidos, nacido en 2013 al calor de diversas organizaciones que durante décadas trataron de evitar la explotación del Yasuní y defendieron la protección de los recursos naturales la posibilidad de dar poder a una economía local y apoyada en la historia y costumbres de la región.
Tal y como relata Yasunidos en su página web, tan solo un mes después de su creación decenas de alcaldes de regiones indígenas pidieron la realización de una consulta popular que fue denegada por el Consejo Nacional por falta de votos y que, ya en 2018, fue relanzada debido al descubrimiento de un fraude en el conteo de votos que dejó fuera más de 670.000.
El Consejo Nacional Electoral volvió a negarse a ello y en octubre de 2020 la Corte Constitucional admitió a trámite el recurso de Yasunidos, lo cual derivó en un largo proceso judicial hasta que en mayo de 2023 se permitió la consulta popular, que se ha saldado con la protección del subsuelo del Yasuní.
