La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una sanción que suma 6,5 millones de euros a cuatro empresas y a seis directivos por repartirse licitaciones del Ministerio de Defensa a través de dos cárteles. Se trata de las compañías Comercial Hernando Moreno Cohemo (Cohemo); Star Defence Logistics & Engineering (SDLE); y Grupo de Ingeniería, Reconstrucción y Recambios, JPG (JPG), con multas que suman 5,6 millones de euros, por su implicación en contratos relacionados con modernización de vehículos militares entre enero de 2016 y junio de 2021.
En segundo lugar, la CNMC ha sancionado con 550.000 euros a Cohemo y a Casli por manipular un acuerdo marco para comprar contenedores militares entre septiembre de 2019 y noviembre de 2021. Según explica la CNMC, las referidas empresas se repartieron contratos y realizaron pactos de no concurrencia, con emisión de ofertas de cobertura, retirada de ofertas sin justificar e instrumentalizaron el sistema de colaboración temporal entre empresas (UTE).
El supervisor del juego limpio en el mercado señala que los acuerdos anticompetitivos afectaron a casi un centenar de contratos, valorados en 60 millones de euros: 13 acuerdos marcos (AM), sus correspondientes 81 contratos (CBAM), y otros 10 contratos públicos. Estas licitaciones estaban relacionadas con el mantenimiento de vehículos militares como los Centauro, Leopard, Pizarro, BMR, VEC y RG-31, así como material de campamento.
Las actuaciones irregulares estaban relacionadas con el mantenimiento de los Centauro, Leopard, Pizarro, BMR, VEC y RG-31
El regulador recuerda que este tipo de acuerdos anticompetitivos están prohibidos por la Ley Defensa de la Competencia y suponen una infracción muy grave constitutiva de cártel que puede ser sancionada hasta con un 10% del volumen de negocios de las empresas.
Las sanciones a los directivos fueron las siguientes: Antonio Molina Baltanás, con 34.000 euros; Aurelio Estrella Río, con 52.000 euros; Manuel Estrella Río, con 52.000 euros; Óscar Agudo Sánchez, con 45.000 euros; Raúl Pérez Guerrero, con 42.000 euros; Sergio Hernando Moreno, con 60.000 euros. Como es preceptivo en este tipo de resoluciones, los infractores no pueden realizar recurso por vía administrativa pero sí interponer recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde este miércoles 26 de julio.
