
Para quienes quieran comprar un producto cuyo precio supere los 1.000 euros, como podría ser una termomix, un electrodoméstico o un buen traje, se recomienda tener mucho cuidado si se pretende realizar el pago con dinero efectivo.
En la actualidad, España permite por ley realizar pagos en efectivo de hasta un máximo de 1.000 euros, con la condición de que participe un profesional en el intercambio: en un restaurante, en taller, en tienda, una obra... Esto aparece recogido en el Preámbulo XV de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal.
Sin embargo, también existe esta restricción legal para pagos entre dos profesionales. Por ejemplo, entre autónomos o entre uno de ellos y una empresa, no se podrán desembolsar más de 1.000 euros en efectivo ante la prestación de un bien o servicio. Y lo mismo acontece con aquellos movimientos de dinero que se consideren efectivo aun sin serlo, como aquellos que no identifican a quien cobra ni a quien paga. Un ejemplo es el de los cheques al portador.
Una sanción del 25%
La misma Ley contra el fraude fiscal indica que, en caso de realizarse un pago superior en efectivo, la sanción será de índole económica e implicará una multa del 25% del total abonado.
El Banco de España, por su parte, recuerda que la responsabilidad recae tanto en quien realiza el pago como en quien lo recibe, por lo que ambos deben repartirse la cantidad multada.
Se contemplan también algunas reducciones a la sanción: se rebaja un 65% por actas con acuerdo, un 40% por pronto pago o un 30% por conformidad. Cabe añadir que si uno de los responsables denuncia la transacción ante la Agenda Tributaria en un plazo de 3 meses, entonces podrá quedar exento de pagar la multa.
Una única excepción
La Ley antifraude fiscal explica que la única situación de estas características que evita la multa es que el responsable del pago no sea profesional, y que posea un domicilio fiscal en el extranjero. Por tanto, los turistas en España tienen permitido desembolsar hasta 10.000 euros en efectivo.
Se debe añadir que, al ser el tope de 1.000 euros el correspondiente al pago de un producto o servicio completo, no sirve dividir la operación en varias transacciones. Será igualmente fraude de ley el hecho de fraccionar una tarifa que supere el importe en, por ejemplo, dos pagos de 600 euros cada uno.
¿Qué motivos hay tras esta medida?
En julio de 2021 el Gobierno de España decidió rebajar el límite de entonces 2.500 euros. El ejecutivo explicaba que el objetivo es evitar la posibilidad de defraudar en pagos por productos o servicios en los que no se emiten facturas. Además, la medida afectaba especialmente a profesionales como los autónomos.
Pero el Banco Centra Europeo (BCE) se manifestó a propósito de la bajada del tope al pago en efectivo. La máxima autoridad bancaria europea considera que este tope es desproporcionado, ya que considera que reduce notablemente la capacidad del profesional por cuenta propia para cobrar por sus servicios. Añade que igualmente cercena la libertad del consumidor a la hora de escoger su método de pago.