Un proyecto turístico en Trebujena vuelve a prender la bronca en torno a Doñana

La Junta de Andalucía ha emitido Declaración Estratégica Ambiental, DEA, favorable a una modificación puntual del PGOU planteada por el Ayuntamiento de Trebujena (IU) para autorizar la construcción de un complejo turístico con hotel, campo de golf y 300 viviendas en su término municipal. Una declaración que ha vuelto a levantar una enorme polvareda política, pues el complejo se situaría en una zona de marisma, justo frente al Parque Nacional de Doñana, al otro lado del Guadalquivir. Y el trámite administrativo trasciende cuando aún no se ha apagado la intensa polémica anterior entre el Gobierno central y la Junta por la protección del Parque Natural.

El proyecto turístico aún no cuenta con todos los permisos necesarios, pues la DEA emitida por la Junta está condicionada a un informe de inundabilidad que depende de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. La ministra Ribera ya ha adelantado que no habrá permiso porque la zona es inundable. El Plan General de Ordenación Urbana de Trebujena, promovido por IU, considera desde 2006 los terrenos como urbanizables y permite un uso residencial con hasta 300 viviendas como parte de un área de dinamización turística.

Desde el Gobierno central se opina que las autorizaciones emitidas por la Junta "desafían las normas europeas, nacionales, la física y los ecosistemas", en palabras de la vicepresidenta Ribera.

Años de trámite

El portavoz de la Junta y consejero de Medio Ambiente asegura que "alguien debería explicarle a la ministra Ribera que este proyecto no es nuevo. Fue el gobierno socialista de la Junta de Andalucía quién en su día amparó e impulsó este proyecto a lo largo de los años"

En realidad, el impulso administrativo al proyecto se viene dando desde hace una década desde el gobierno local de IU, como ha recordado el presidente andaluz, Juanma Moreno. "Compañeros de ideología, comunistas como ella", ha añadido en referencia a la vicepresidenta y ministra Teresa Ribera.

Con las mayorías de IU en la Corporación local se planteó hace más de una década una modificación puntual del PGOU que establecía en su argumentación que "la finalidad última de la Modificación pretendida es hacer posible ambiental, funcional y económicamente la implantación de la actuación turística diseñada por el Plan General de Ordenación Urbanística de Trebujena y recogida como Área de Oportunidad de Dinamización Turística en el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Noroeste de Cádiz. Para ello, es imprescindible reformar el planeamiento urbanístico vigente en los siguientes aspectos básicos: Autorizar el uso residencial hasta las 300 unidades de vivienda previstas en el Plan de Ordenación del Territorio, sin que su edificabilidad supere el 35% de la total resultante. Incrementar la edificabilidad global hasta un mínimo de entre 0,09 M2t/M2s y 0,10 M2t/M2s, a fin de hacer viables las inversiones necesarias para las conexiones exteriores de acceso e infraestructuras, la urbanización interior y la construcción del campo de golf. Diversificar los usos posibles, además de incluir el residencial, permitiendo la implantación de usos comerciales y de equipamientos privados".

Oposición social

La modificación urbanística pasó posteriormente distintos trámites en pleno en 2014, 2015 y 2019, cuando se aprobó someter a información pública el Estudio Ambiental de Impacto Estratégico presentado por el promotor del proyecto turístico, contra el que se registraron más de 800 alegaciones de organizaciones ecologistas, sociales y sindicales. En ningún momento de la larga tramitación la administración regional, gobernada entonces por el PSOE, se posicionó en contra. La oposición local socialista pidió un referéndum para que el pueblo hablase. De hecho, bajo los gobiernos socialistas la Junta dio luz verde a otros proyectos turísticos y campos de golf no lejos de Doñana, como ocurrió en Matalascañas , en término de Almonte (inaugurado en 2000).

En la sesión de control del jueves en el Parlamento Moreno indicó que la Junta no se opuso al proyecto de Trebujena, sino que lo avaló, en 2009, cuando el consejero de Medio Ambiente era Juan Espadas.

Preceptivo

En este momento del trámite administrativo, es preceptivo el informe favorable de la Junta a la Declaración Estratégica Ambiental. Por eso se ha sometido a evaluación ambiental estratégica a petición del Ayuntamiento de Trebujena, indican desde el ejecutivo andaluz.

"La Junta de Andalucía no ha autorizado nada. Solo ha emitido una DEA favorable porque los cinco informes del expediente son favorables y eso es trabajo de los técnicos, no de los políticos", asegura ahora el portavoz andaluz Fernández Pacheco. Todo queda a expensas del informe de la CHG, requerido por la Junta en varias ocasiones pero que aún no se ha emitido. Y que será desfavorable.

Suelo improductivo

En el documento que pasó por pleno en Trebujena en 2019, defendido por el Gobierno local de IU, se argumentaba que actualmente el terreno elegido por los promotores "es agrícolamente casi improductivo por las características del terreno y por la inexistencia de agua para su puesta en regadío, por lo que su transformación no consume otros recursos que pudieran ser productivos. Sin embargo, su implantación en el espacio marismeño, su relativa proximidad a espacios naturales de alto valor (Doñana y su entorno) y al cauce del Guadalquivir le otorgan un valor posicional para la implantación de una actividad turística complementaria a la tradicional del entorno, que ponga en valor recursos hasta ahora no gestionados".

Sin embargo, la ministra Ribera ha calificado de "irresponsables" los informes emitidos desde la Junta de Andalucía, a la que a juicio del ejecutivo central no se le ocurre "mejor idea" que extender la superficie de regadío en Doñana en vez de reducir las extracciones del acuífero o colocar un "megaresort de lujo" con campo de golf, una instalación "enormemente demandante de agua" en un espacio de "enorme sensibilidad" a la disponibilidad de agua y en una zona "inundable" que podría llevárselo por delante en caso de inundación.

"La señora Ribera se ha quitado la careta de la institucionalidad para convertirse en una hooligan radical a la que sólo le preocupa el medio ambiente en la medida en que puede utilizarlo como arma electoral y contra los andaluces", le ha respondido el consejero andaluz Fernández Pacheco, que apunta a que la Junta se limita a informar a petición del consistorio tal y como establece preceptivamente el trámite administrativo referido a modificaciones del PGOU. "La Junta de Andalucía actual no ha autorizado nada porque ni siquiera tiene competencias para ello", ha asegurado.

Pero la proximidad de las elecciones alimenta la polémica, de grueso calado político y centrada en la defensa de Doñana. Cuando en el planeamiento urbanístico defendido por el Gobierno local de Trebujena la vecindad del Parque Nacional era precisamente un valor para el proyecto turístico, no una limitación. Algo en lo que nadie parece haber caído hasta ahora.