La Inspección de Trabajo ha intensificado el control sobre las Big Four en la última semana y, según ha podido saber elEconomista.es, ha pedido que se le remitan más correos electrónicos para comprobar la duración de las jornadas de trabajo de sus empleados tras la macroinspección que se llevó a cabo el pasado mes de noviembre. En concreto, fuentes al tanto de estos requerimientos señalan que este organismo dependiente del Ministerio de Trabajo habría seleccionado a 80 trabajadores de PwC de forma aleatoria y habría requerido que remitiesen los correos electrónicos enviados fuera de su horario laboral.
En concreto, y de acuerdo con la misma información, se habrían solicitado aquellos emails que fuesen enviados por los trabajadores de la multinacional de la consultoría antes de las 9 de la mañana y después de las 19 horas, horario que oficialmente siguen estos empleados, y que, por tanto, indicarían que se encontraban trabajando más allá de la jornada que estipulan sus contratos.
El Confidencial ya publicó hace unas semanas que el pasado mes de noviembre la Inspección de Trabajo había llevado a cabo estas macrorredadas de forma simultánea en los rascacielos de PwC, Deloitte, EY y KPMG que se extendieron, en algunos casos, hasta bien entrada la madrugada. Ahora, según ha podido saber este medio, el requerimiento de información adicional se habría producido, al menos, en la primera de ellas.
Tanto es así que desde el departamento de recursos humanos de la compañía se convocó el pasado viernes a los 80 seleccionados para enviar los correos a una reunión virtual en la que se les señaló, según fuentes presentes en la misma, "la conveniencia de enviar o no ciertos correos electrónicos". Todas las compañías y la Inspección de Trabajo, preguntadas por este diario, han rechazado hacer declaraciones al respecto.
PwC defiende el modelo
El mismo viernes en que se producía la reunión de recursos humanos con los 80 seleccionados, el presidente de PwC, Gonzalo Sánchez, participó en un acto de la Cámara de Bilbao. Tras él, en declaraciones a elEconomista.es, defendió el modelo de negocio de estas multinacionales. "La legislación se hace para múltiples sectores, pero cada uno es diferente; el nuestro es más artesanal, no es un sector que puedas industrializar y con un horario exacto no podríamos vivir", afirmó.
Sánchez explicó que las actuaciones serían "una inspección rutinaria", en la que están colaborando con información sobre jornadas laborales y horas extraordinarias y aseguró que "mejoraremos en lo que nos indiquen". "Son políticas globales en las que puedes mejorar formalismos como registros de horarios y demás, pero no el fondo porque es un modelo que está implantado en 158 países y que funciona fenomenal", detalló Gonzalo Sánchez.
Díaz reitera el control
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha advertido en varias ocasiones que ninguna empresa, "por muy grande que sea", va a "quedar al margen de la legalidad". La ministra ha incidido en que existe un "mandato claro" sobre el control de la jornada laboral y de los "excesos y abusos" que pudieran cometerse. "Somos todos iguales y todo el mundo tiene que cumplir el principio de legalidad en España", concluyó.
Cabe recordar que desde 2019 los trabajadores de todos los sectores tienen la obligación de fichar a la entrada y a la salida de su puesto para desarrollar un registro de jornada con el fin de eliminar las horas extra sin cobrar. El Ejecutivo de coalición basó esta medida en las observaciones de un fallo del Tribunal Supremo de 2017 en el que se señalaba que "convendría (hacer) una reforma legislativa que clarificara la obligación de llevar un registro horario (por parte de las empresas) y facilitara al trabajador la prueba de la realización de horas extraordinarias".
