Extremadura
El Complejo Turístico Marina Isla de Valdecañas (Cáceres) puede tener a su favor una nueva ley que pretende otorgar seguridad jurídica a las 55 zonas ZEPAS, nunca declaradas como tal. Esta propuesta de ley se ha registrado por la vía de urgencia en la Asamblea de Extremadura y quiere actualizar el mapa de la Red Natura 2000, clarificando y declarando de forma expresa 55 territorios de la Comunidad Autónoma como ZEPA.
Marina Isla de Valdecañas es un complejo turístico revolucionario en Extremadura, y que ha servido como revulsivo a la economía de una zona condenada a la desaparición, lleva 15 años pleiteando en los juzgados, por una demanda de Ecologistas en Acción; y tras varias sentencias contradictorias, el futuro está ahora en manos del Tribunal Constitucional que admitió recientemente a trámite los tres recursos de amparo planteados en relación con la sentencia del Tribunal Supremo que ordenaba la demolición del complejo turístico.
Tanto la Junta de Extremadura, como los Ayuntamientos y los propietarios han planteado varios recursos para salvar lo que a muchos ojos es una obviedad, un proyecto de presente y futuro para una comarca. La aplicación de la sentencia del Supremo, el derribo y las indemnizaciones tendrían un coste para las arcas públicas de más de 200 millones de euros, y la zona, lejos de mejorar, quedaría revertido en lo que era, algo parecido a un toconal tras la poda de los eucaliptos invasivos, su estado anterior a la construcción del complejo.
Ahora, además de los recursos de amparo, el complejo podría contar con una nueva ley que le otorgue seguridad jurídica y, según declara a El Economista, el abogado de los propietarios Luis Díaz Ambrona, con esta propuesta de ley se podría "legalizar definitivamente el complejo en los términos que fijó el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJex)", cuando determinó que lo correcto era "conservar lo que está terminado" y promover un plan de revegetación contando con las "máximas connotaciones medioambientales", una sentencia que fue revocada por el Supremo quien ordenó la demolición total.
Los recursos de amparo se admitieron por el Constitucional porque el juez que sentenció en contra de lo que dictaminó el TSJex, Wenceslao Olea, fue el ponente de las dos primeras sentencias que ordenaron el derribo total y ha sido parte del Tribunal Supremo en la orden de derribo total. Según Díaz Ambrona "saber que influencia ha tenido son elucubraciones, lo cierto y según la ley es que este magistrado debía abstenerse de participar en el Tribunal Supremo en la última resolución", según destaca éste es el "motivo de los recursos de amparo admitidos a trámite por el Constitucional".
El PSOE cuenta con mayoría absoluta en la Asamblea, por lo que es probable que esta ley se apruebe, y según Díaz Ambrona "previsiblemente este tema tan complejo como ha sido Valdecañas entrará en la fase final".
Un problema clave
Luis Díaz Ambrona destaca que "con esta ley no sólo se solucionará el tema de Valdecañas, sino que además se solucionará un problema que está siendo clave en la imagen de Extremadura", puesto que muchos proyectos "están mirando este caso" para no pasar por lo que ha pasado este complejo.
Esta propuesta de ley, según señala, viene a destacar que los valores ambientales son de protección, pero que "hay que coordinarlos con los valores socioeconómicos", como ha pasado en Valdecañas, destaca. Donde "había dos pueblos en UCI y toda una comarca y ahora han resucitado y no sólo no han disminuido su población sino que lo han aumentado pese a la provisionalidad del proyecto", señala. Recuerda además que el valor ambiental "también ha aumentado, porque se han detectado presencia de varios linces ibéricos una especie tan protegida y que no se habían visto nunca antes".
Para este abogado, "la propuesta de ley del grupo socialista es absolutamente lógica y congruente con la situación no sólo creada por la urbanización de Valdecañas sino por la mayoría de las zonas ZEPAS que hay en Extremadura", destaca que del total de zonas declaradas hay 55 que no se han declarado formalmente, por lo que esta ley viene a cubrir "este vacío legal".
Propuesta de Ley
La propuesta de Ley se registró en la Asamblea el pasado 29 de diciembre, , la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Lara Garlitos, afirma que esta propuesta de ley se dirige a otorgar "seguridad jurídica a las 55 ZEPAS nunca declaradas como tal", para "garantizar la protección ambiental y dar cobertura jurídica a las actuaciones, planes, normas o situaciones jurídicas, cuya aprobación se sustenta en una declaración no existente".
Según Garlitos, la seguridad jurídica que propugna esta ley "tendrá efectos en el proyecto Marina Isla de Valdecañas". Un complejo que ha generado un impacto favorable en la zona, con un medioambiente mucho más rico y diverso que el preexistente, generando un desarrollo económico en la zona, creando empleo y fijando la población al territorio.
Afirmó que "nada se opone, por tanto, a la legalización de lo construido y finalizado. Sino que nos anima a mantener el equilibrio de la protección de los ecosistemas con el desarrollo del territorio. Sin hipotecar el desarrollo de unos municipios que contribuyen a los ecosistemas que protegemos".
De esta manera, y una vez ratificada en la Asamblea, se declarará de interés público regional de primer orden el Proyecto de Interés Regional del Embalse de Valdecañas, lo que posibilitará la legalización de las construcciones y edificaciones ejecutadas completamente. Así, destaca la portavoz, "con esta Ley se activa una de las herramientas más importantes para frenar la despoblación y crear vida".
Críticas a la Propuesta de Ley
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, señala que les ha sorprendido esta propuesta de ley "porque es incomprensible que se venga con una propuesta de este calado en el último periodo de sesiones por la vía de urgencia, sin negociación ni consenso ni plazo de exposición pública".
Para este grupo, la ley "se ha engrandado desde la opacidad y con el rodillo socialista, y en este tema no se puede legislar ni con precipitación ni con el rodillo". Según destaca, "es un parche exprés para corregir las chapuzas legislativas anteriores que la Junta ha traído en los últimos años".
A su juicio, "mezclar la solución de Valdecañas con la regulación de 55 zonas ZEPAS de Extremadura consideramos que es un absoluto error porque no se pueden declarar de forma exprés 55 zonas que la ley considera ilegales sin informes previos que tienen que estar lleno de información". Por lo que piden un "proceso de revisión integral de todas las zonas para compatibilizar los recursos naturales con el desarrollo de la región. Porque si esta protección ambiental ha sido un lastre para el desarrollo no se puede ir a una legalización sin más y además complicaría la situación de Valdecañas", concluyó Cristina Teniente.
Por su parte, el portavoz del grupo Ciudadanos, David Salazar, pide "que sea una ley que esté bien hecha y que ofrezca seguridad jurídica a los posibles inversores que quieran venir a nuestra tierra. Porque no podemos permitirnos más errores como el de Valdecañas, del que seguimos insistiendo en que hay que depurar responsabilidades".
David Salazar destacó que "van a apoyar" cualquier posibilidad para que la Red Natura 2000 y para que todas las ZEPAs no sean un freno para el desarrollo de Extremadura. Por lo que "esa modificación se debería haber presentado porque se nos va la vida en ello".
Recordó que "hay inversiones en Extremadura que están pendientes de que haya un marco normativo estable y Extremadura no puede esperar más". Según señaló ya se han "perdido muchos trenes y no puede permitir que haya inversiones que estén a la espera de que haya unas modificaciones para que tengan una seguridad legislativa que ahora no tenemos y que nuestros políticos se han encargado de no favorecer durante años".
Para Unidas por Extremadura, la propuesta de ley del PSOE de Extremadura "es otro intento más para salvar Valdecañas de la orden de derribo dictada por el Tribunal Supremo", según destaca la portavoz en la Asamblea Irene de Miguel.
Tanto PSOE, como PP y Ciudadanos defienden que la declaración de Zonas ZEPAS sea compatible con el desarrollo socioeconómico
"Esto es un ejemplo más de lo mal que le sienta al PSOE la mayoría absoluta, que una vez más, pone toda la maquinaria judicial y legislativa al servicio de unos pocos, mientras abandona a su suerte a la gente que con sus manos está levantando Extremadura. No puede ser que pongan a un ejército de personas pensando en cómo sortear las sentencias judiciales para salvar los chalets de cuatro ricachones y no se ponga en mismo esfuerzo en intentar salvar a nuestras PYMES y empresas, que son los que realmente generan riqueza y empleo en Extremadura", sentencia De Miguel.
Según ella, "el gobierno de Fernández Vara y el PSOE debería de abandonar esta huida hacia delante y asumir las responsabilidades que tiene en todo el caso de Valdecañas porque ellos, junto con el PP, modificaron una ley en la Asamblea de Extremadura para intentar legalizar Valdecañas. Si las personas que votaron SI aquella vez respondieran con su propio patrimonio, esta vez se pensarían muy mucho volver a plantear un cambio de ley para legalizar lo que todas las sentencias judiciales han declarado ilegal", afirmó.
Tanto PSOE, como PP y Ciudadanos defienden que la declaración de Zonas ZEPAS sea compatible con el desarrollo socioeconómico de la región, y según la encuesta que encargó la Junta de Extremadura, más del 80% de los extremeños quiere salvar al complejo Marina Isla de Valdecañas y el 74% considera que el derribo conllevaría más daños medioambientales que beneficios.
Con la aprobación de esta propuesta de ley, Valdecañas contaría con una mayor seguridad jurídica en su lucha para evitar el derribo, algo que en estos momentos está en manos del Tribunal Constitucional.
