Los 185 propietarios en la Isla de Valdecañas esperan con el recurso de amparo que interpondrá con la Junta de Extremadura ante el Tribunal Constitucional que el Tribunal Supremo (que ordena la demolición total del complejo) se acoja al auto que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura firmó en Julio de 2020 donde se dice que se respetaría lo ya construido y donde marcó algunas indicaciones de acuerdo con las demandas que ya hizo ADENEX, quien entendió que derribar no era la solución.
El abogado de los propietarios, Luis Díaz-Ambrona, afirma que el auto del TSJEX de 2020 estaba muy bien fundamentado, dando importancia al medioambiente, donde se entendió que lo mejor medioambientalmente era que se dejara lo que estaba construido, aplicando medidas correctoras y hacer una restauración en el resto de la Isla.
Con la actual sentencia del Tribunal Supremo, y la petición de la demolición del total de la Isla, el impacto ambiental será muy superior al actual, no sólo por la presencia en la zona de maquinaria pesada, sino también por la generación de unos residuos que ahora no existen. Díaz-Ambrona recuerda que el valor ambiental de esta zona era escaso o nulo, no en vano está en un pantano que es una edificación hecha por el hombre, pero que se incluyó en la zona ZEPA por estar en el perímetro de la misma. La aplicación de la sentencia, el derribo y las indemnizaciones tendrán un coste para Extremadura de más de 200 millones de Euros.
El abogado afirma que los propietarios están preocupados y van a utilizar todas las herramientas legales para revertir esta situación, una lucha a la que se suma la Junta de Extremadura, para evitar lo que a todas luces entienden como una catástrofe económica y social.
Para Luis Díaz-Ambrona el cumplimiento del dictamen del Tribunal Supremo no beneficia a nadie y si perjudica a muchos.
Este complejo mantiene unos 200 puestos de trabajo, directa e indirectamente, y ha sido el revulsivo para las localidades de El Gordo y Berrocalejo que en lugar de perder población y engrosar la lista de municipios de la España Vaciada han visto aumentado sus habitantes y en el caso del municipio de El Gordo, ha visto como su Presupuesto Municipal ha pasado de los 200.000 Euros a los 600.000 Euros, y de esos el 50% corresponde al IBI del complejo.
La sentencia se centra en el valor ambiental de la Isla, pero según ha afirmado el abogado de los propietarios, Luís Díaz-Ambrona, el valor ambiental ha crecido y aumentado, puesto que las instalaciones han atraído a una fauna menor como los conejos que han propiciado la existencia de 2 parejas de linces ibéricos, dentro del plan de recuperación con chips, más otros 3 linces itinerantes que llegan al abrigo de esta fauna menor. Se cuenta con rapaces que no existían antes, como el Águila Imperial o Águila Real, entre otras; y todas ellas al calor del aumento de los conejos y las liebres que se reproducen al calor del verde del campo de golf.
El abogado habla en nombre de todos los propietarios cuando dice que ninguno aceptarían de buen grado la indemnización, aunque fuera el doble de lo que invirtieron, porque ellos lo que quieren es conservar sus instalaciones y que "no le echen sus casas abajo".
Junta de Extremadura
La propia Vicepresidenta Primera y Consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, explicó en su día que la Junta de Extremadura presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia del Tribunal Supremo relativa al complejo Marina Isla de Valdecañas, basándose en el principio de tutela judicial efectiva.
La sentencia del Supremo "desprecia la mejora palmaria del medio ambiente que se ha producido en la zona", que existe gracias a la intervención humana, porque antes no existía la isla de Valdecañas, según ha destacado Blanco-Morales, quien ha recordado que se trata de "una creación de la actividad humana", que primero trajo riqueza con la construcción del embalse "y que después con el complejo ha traído mayores posibilidades de desarrollo, creando un entorno medioambiental mucho más rico que el que existía anteriormente".
La vicepresidenta ha indicado que la Junta de Extremadura agotará todas las vías de recurso y opciones procesales nacionales e internacionales para encontrar una solución que "concilie, de manera justa y efectiva, el restablecimiento de la legalidad urbanística con la mejora palmaria y significativa del medio ambiente en Valdecañas".
