¿A la segunda va la vencida? Eso es lo que le gustaría a la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, que ha prometido un nuevo referéndum de independencia para octubre de 2023, casi una década después del anterior. Pero para ello debe convencer antes al Tribunal Supremo del país, al que ha recurrido para sortear el veto del Gobierno central, que autorizó el anterior plebiscito pero que ha rechazado un nuevo intento. El Supremo ha escuchado los primeros argumentos esta mañana, y continuará este miércoles, y se espera que dé su parecer en los próximos meses.
El choque era inevitable desde que Sturgeon, al frente del Partido Nacionalista Escocés (SNP), ganara las elecciones escocesas con el 50% de los escaños. Junto a sus socios, los Verdes, también independentistas, prometieron realizar un segundo referéndum si obtenían la mayoría absoluta, como así fue. Pero desde Londres, tanto Boris Johnson como Liz Truss -que ya tenían suficiente caos encima de la mesa con su propia gestión- rechazaron la posibilidad de una segunda votación. Johnson dejó claro que estos eventos ocurren "una vez por generación", y que habría que esperar unas cuantas décadas más hasta el siguiente. Y, al contrario de lo que ocurre con Irlanda del Norte, Escocia no tiene ningún mecanismo legal para obligar al Gobierno central a aceptar un referéndum de separación.
Por contra, el SNP alega que la situación material del país ha cambiado por culpa del referéndum del Brexit -que perdió por paliza en Escocia-, por lo que los ciudadanos se merecen una segunda oportunidad y, de paso, poder plantearse la posibilidad de ingresar en la UE en el futuro próximo, una vez se separen de los ingleses. Para ello ha pedido al Supremo que anule el veto del Gobierno de Londres y autorice a Edimburgo a aprobar una ley de Referéndum.
La clave del debate judicial de esta mañana es el concepto de "mero valor consultivo". Escocia ha aprobado una ley que permite al Gobierno autonómico celebrar consultas vinculantes sobre asuntos en los que tiene competencias, algo que nadie ha discutido. La pregunta es si se puede realizar una consulta no vinculante sobre asuntos sobre los que no tiene competencias, como la unión con Inglaterra. Aquí, el argumento del Gobierno británico es que una votación favorable a la secesión no podría ser ignorada sin más, lo que convertiría a cualquier referéndum en vinculante en la práctica.
Su segundo argumento es que la soberanía parcial que tiene el Parlamento escocés fue otorgada por el de Westminster, por lo que Edimburgo no puede realizar un referéndum unilateral para disolver esa soberanía sin la autorización del Parlamento de rango superior.
La resolución podría tardar "varios meses", dadas las miles de páginas de argumentos entregadas por ambas partes
El presidente de la sala ha indicado que podría limitarse a declarar que el Supremo no existe para aconsejar a los Gobiernos sobre leyes no aprobadas aún y tumbar la petición escocesa sin entrar en el fondo del asunto, lo que supondría dejar a Edimburgo que apruebe primero el mecanismo para el segundo referéndum y entonces entrar a tratar su legalidad, pero añadió que el interés político y constitucional del debate aconseja resolver esa cuestión cuanto antes en vez de dar una patada hacia adelante. Aun así, la resolución podría tardar "varios meses", dadas las miles de páginas de argumentos entregadas por ambas partes.
En todo caso, Sturgeon ya ha advertido de que, si no puede realizar un referéndum legal, tratará las próximas elecciones como "plebiscitarias", presentándose a ellas con el único punto de la independencia. En Reino Unido ya hay precedentes: hace un siglo, los independentistas irlandeses del Sinn Féin hicieron lo mismo y declararon la independencia tras arrasar, forzando a Londres a negociar su secesión y crear Irlanda del Norte para la minoría unionista. La pregunta en ese caso es si la Europa y el Reino Unido de 2022 serían los mismos que los de 1919.
