Han pasado seis años desde el referéndum de independencia de Escocia, y la decisión de seguir en Reino Unido, que iba a ser "para una generación", vuelve a estar en entredicho. Las elecciones autonómicas de la semana pasada han dado una mayoría absoluta de votos y escaños a los partidos defensores de la independencia, y han reabierto el melón: tanto la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, como el británico, Boris Johnson, dicen que "ahora no es el momento", en medio de la pandemia, pero la batalla legal y económica estará servida en un par de años.
Los resultados son bastante preocupantes para los unionistas británicos. Cuando David Cameron aceptó la convocatoria del referéndum, los partidos independentistas habían sumado el 48,4% de los votos y 71 escaños en el parlamento regional con una participación del 50%. Esta vez, los partidarios de la separación consiguieron el 50,1% de los votos y 72 escaños con una participación del 65%. Si antes estaban legitimados para pedir un referéndum, ahora más aún, razona Sturgeon.
La respuesta de Johnson fue más o menos la esperada: después de pasarse varios meses pidiendo el voto por los partidos unionistas mientras ambas partes aseguraban que una victoria de los independentistas conllevaría un segundo referéndum, su respuesta al resultado electoral ha sido rechazar ese plebiscito alegando que "no es el momento". Sturgeon está de acuerdo, pero sus interpretaciones sobre cuándo será la hora correcta difieren: la escocesa quiere que sea en un par de años, cuando el covid ya haya quedado atrás. Johnson prefieren meter el tema en un cajón y esperar un par de décadas.
Batalla judicial
El problema es que, en sentido estricto, no hay ninguna ley en la caótica constitución británica que prohíba explícitamente a los estados miembros del país celebrar ese tipo de referéndums. Lo único que está claro es que la independencia debería aprobarse en Londres, con una mayoría absoluta de todos los diputados del país. Pero en ningún sitio se especifica que las 'consultas indicativas' no vinculantes sean ilegales.
Sturgeon ya ha amenazado con aprobar una ley de referéndum y retar a Johnson a llevarla al Tribunal Supremo, donde los expertos creen que Downing Street podría triunfar pero no hay ninguna garantía de ello. De hecho, en el caso más sonado sobre política constitucional -la suspensión del Parlamento en 2019 para aprobar el Brexit por la fuerza-, Johnson ya se llevó un buen revolcón del Alto Tribunal. Lo que Sturgeon ha dejado claro es que no quiere una situación 'a la catalana', de un referéndum ilegal callejero que acabe disuelto por la policía y resulte en una ruptura política y social.
Las elecciones municipales y autonómicas en el resto del país muestran también una fuerte división interna
La situación abre un nuevo campo de batalla entre ambas partes. El mayor argumento contra la independencia es el económico, ya que Escocia tiene un gran déficit que cubre Londres sistemáticamente. Sin esa financiación, sin la libra, sin el respaldo del paraguas británico en los mercados de deuda, y con una posible huida de empresas y capitales en los primeros años, el futuro de Escocia en los años posteriores al 'Scoxit' sería muy difícil. Sin embargo, el mayor enemigo de los unionistas es el propio Johnson, y su campaña del Brexit: la apelación al nacionalismo frente a los argumentos económicos es algo que perfeccionaron durante ese referéndum, y ahora les será muy difícil argumentar lo contrario.
Pero lo más preocupante para el 'premier' es que las elecciones municipales y autonómicas en el resto del país muestran también una fuerte división interna. En Inglaterra, los Tories de Johnson subieron con fuerza en el norte, en las zonas obreras que siempre votaban laborista pero que rompieron con su partido para apoyar el Brexit. Mientras, la izquierda ganó terreno en Gales, donde los laboristas obtuvieron los mejores resultados de su historia. Y en Irlanda del Norte, los dos principales partidos unionistas están descabezados, después de la dimisión de sus dos líderes ante el avance de los proirlandeses, un siglo después de que el sur de la isla declarara su independencia. A este ritmo, es difícil apostar por que el reino permanezca unido otro siglo más.
