El consejero delegado del Institut Català de Finances (ICF), Jordi Òliva, ha lanzado este jueves un jarro de agua fría sobre los planes del gobierno catalán de convertirlo en un banco público con ficha bancaria.
Antes de que haya llegado la respuesta del Banco de España al recurso por el que denegó la petición en febrero, Òliva ha afirmado que la entidad renuncia a la posibilidad de obtener la ficha bancaria, y ha añadido que si el Govern quiere constituir un banco catalán no será a través de este organismo.
"El ICF, como queremos ser, no necesita ficha bancaria", ha explicado Òliva en una rueda de prensa este jueves para hacer balance de la actividad del primer semestre, en la que ha reiterado que no le hace falta esta licencia al tratarse de un "banco público de promoción", informa Efe.
Òliva ha explicado que el recurso presentado después de que el Banco de España desestimara la petición de tener licencia para operar en el mercado minorista está más bien enfocado a "entender la letra pequeña" de la cuestión, y no porque haya un conflicto con el regulador estatal, y ha recordado que el Banco de España sostuvo que era incompatible la actividad bancaria normal con la actividad de banca de promoción, según Europa Press.
De todas formas, fuentes de la Consejería de Economía consultadas por elEconomista.es han asegurado que la creación de un banco público sigue siendo un "objetivo estratégico" del Govern, y que desde la negativa del Banco de España a otorgar licencia bancaria al ICF en febrero están a la espera de respuesta a su recurso y analizando "otras vías" para contar con un banco público catalán con actividad comercial, si bien evitan desvelarlas.
Discrepancias
La divergencia entre la visión de Òliva -en el cargo desde noviembre- y la del Govern es la segunda entre el ICF y la Generalitat en el último año. La primera fue en julio de 2021 por los avales para cubrir las fianzas por 5,4 millones de euros que exigió el Tribunal de Cuentas a ex cargos de la Generalitat entre 2011 y 2017 por presunta malversación en la acción exterior del Govern en favor de la independencia, durante los gobiernos de Artur Mas y Carles Puigdemont.
El Tribunal de Cuentas rechazó inicialmente este sistema, en octubre, por considerar que la Generalitat actuaba a la vez como avalista y presunta perjudicada, aunque finalmente lo aceptó este febrero.
Sin embargo, para entonces ya habían dimitido tres consejeros independientes del ICF y había renunciado el consejero delegado de la entidad, entonces Víctor Guardiola, que se abstuvo en la votación para sacar adelante el sistema de avales a través del ICF y que duró apenas nueve meses en el cargo. Sobre esta cuestión, Òliva ha considerado este jueves que "las formas no fueron las más apropiadas".
Òliva, al igual que Guardiola, procedía de CaixaBank, pero también tuvo responsabilidades políticas en la administración catalana entre 2011 y 2015, con Mas como presidente.
En dicha etapa fue director general de Política Financiera, Seguros y Tesoro de la Generalitat, por lo que asumió la gestión de las finanzas y tesorería del Govern y la supervisión financiera en el ámbito de las competencias de la Generalitat, como la transformación de las cajas de ahorro catalanas en bancos y fundaciones especiales, y ocupó un puesto en la junta de gobierno del ICF.
Ahora, según sus palabras recogidas por Europa Press, no parece compartir los planes del Ejecutivo autonómico para contar con un banco público a través del ICF: "Si el Govern quiere hacer algo, no será vía ICF".
Entre otros fines, el Govern aspiraba a que el banco público catalán pudiera formar parte de la gestión de los fondos europeos Next Generation en Cataluña y facilitar la participación en proyectos estratégicos. La solicitud de la ficha bancaria se realizó en la legislatura anterior, en marzo de 2021, con Pere Aragonès como consejero de Economía y Hacienda, y Jaume Giró recogió el testigo.
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