El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonès, sumaron este viernes una nueva foto en Moncloa pero poco más, si bien el encuentro fue un gesto político para desbloquear las relaciones al máximo nivel entre ambos ejecutivos.
En más de una hora y media de conversación no se mencionaron los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, para los que el Gobierno busca el apoyo de ERC, según ambas partes. El principal resultado de la cita presidencial fue una nueva fecha para reunir la mesa de diálogo con la que intentar resolver el conflicto político catalán. Será la última semana de julio en Madrid, casi un año después de su última convocatoria, en septiembre de 2021, pero desde ninguna de las dos administraciones concretaron el orden del día.
Aragonès incidió en que se abordará la "desjudicialización" del conflicto político, pero se limitó a esperar "si es posible, los primeros acuerdos parciales y consensuar líneas de trabajo" en la reunión de este mes, en la que no participarán los presidentes.
En cualquier caso, Aragonès destacó que el caso de espionaje estatal a independentistas catalanes con el programa Pegasus no ha quedado solventado con el cese de la directora del CNI, y que el fin de "la criminalización y la represión" es solo el primer paso para acercar posturas: "Estaremos lejos de resolver el conflicto mientras la ciudadanía catalana no pueda decidir el futuro político del país votando si Cataluña debe ser un Estado independiente".
Pese a este interés por la desjudicialización, tampoco se comentó entre Sánchez y Aragonès la reforma del delito de sedición, ni el informe del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) publicado este jueves que considera que la Justicia belga no puede rechazar la extradición de los encausados por el 1-O reclamados por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, entre ellos el ex presidente catalán Carles Puigdemont.
Sí abordaron, según Moncloa, la situación económica que atraviesa España, el incremento de precios a causa de la guerra y las medidas que está poniendo en marcha el Gobierno para paliar los efectos de la inflación, así como el desarrollo y despliegue de los fondos europeos en Cataluña, y la ejecución de infraestructuras.
De todas formas, Aragonès recordó que los temas económicos no se abordarán en la mesa de diálogo, sino en otros ámbitos: Los PGE entre grupos parlamentarios, y los temas competenciales en la comisión bilateral Estado-Generalitat y otras comisiones sectoriales entre el Ejecutivo central y el autonómico, como son la de transferencias, la de asuntos económicos y fiscales, y la de infraestructuras.
Tanto la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez -que compareció ante los medios tras la reunión de presidentes en Moncloa-, como Aragonès, apelaron a Junts a formar parte de la mesa de diálogo de este julio como parte del Ejecutivo catalán.
