El Ayuntamiento de Barcelona debe convertir en fijos 3.000 empleos que ahora son temporales como requisito imprescindible para recibir los fondos europeos para la recuperación y reactivación tras la pandemia de coronavirus.
Se trata del 20% de la plantilla actual del consistorio y sus entes públicos dependientes (institutos, consorcios y fundaciones), conformada por 15.000 empleados, y la fecha límite para regular su situación y adaptarla a lo que requiere la normativa laboral es el año 2024.
Estas 15.000 personas abarcan los empleos estructurales y los temporales, como las sustituciones, el personal para programas concretos y los contratos para puntas de trabajo. Pero dentro de los estructurales también hay miles de plazas sin contrato estable.
En puestos estructurales, la organización municipal cuenta actualmente con las citadas 3.000 personas interinas, que requieren un proceso para acceder de forma definitiva a la función pública.
El Ayuntamiento está convocando desde 2019 plazas de distinta tipología para estabilizar esta temporalidad, y durante este año 2022 se finalizará el último de estos procesos convocados con la estabilización de más de 600 plazas interinas.
Según la planificación del Ayuntamiento, este año convocará de la orden de 2.000 plazas adicionales que se corresponden a interinajes estructurales con antigüedad anterior al 31 de diciembre de 2017. De estas, 1.000 las ocupan personas con una fecha de acceso anterior a 2016.
Todo ello responde a lo que marca la Ley 20/2021 que promueve diversas medidas para la reducción de la temporalidad, y con ello se debe lograr el objetivo exigido por Bruselas de situar el interinaje municipal -y de cualquier administración pública que opte a ayudas comunitarias- por debajo del 8% de la plantilla para 2024.
De hecho, la Generalitat de Cataluña también debe acometer el mayor proceso de reducción de la temporalidad de su historia para cumplir con los objetivos marcados por Bruselas para recibir los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), lo que supondrá convertir en indefinidos 59.000 puestos de trabajo temporales.
Bolsas de trabajo bajo sospecha
El gobierno municipal realizó pruebas en marzo para ampliar sus bolsas de trabajo, pero el procedimiento ya tiene litigio abierto. Trascendió que al menos 17 cargos de confianza y personal eventual del consistorio vinculados con BComú aprobaron las pruebas, y la asociación Juristes per les Llibertats presentó una demanda contencioso-administrativa por presuntas irregularidades, como la imparcialidad de los miembros de la comisión de selección, y pidió la suspensión de las asignaciones de plazas de cargos de confianza.
