Este Gobierno ha tomado la lucha contra el fraude como uno de sus caballos principales de batalla. Una medida que afecta en gran parte al colectivo de autónomos, una parte del tejido empresarial donde se da un ecosistema idóneo para que proliferen los casos de economía sumergida.
Por este motivo, el Ejecutivo puso en marcha una serie de iniciativas para reducir los casos de fraude entre los trabajadores por cuenta propia. Una de las decisiones que más recorrido puede llegar a tener es la de acabar con el fraude en la contabilidad, que radica en la prohibición de un software que, incluso, muchos autónomos no sabían que servía para defraudar.
Hasta 150.000 euros de multa por utilizar programas de doble contabilidad
En concreto, el Gobierno ha prohibido la utilización de programas de doble contabilidad, o también conocidos como software de doble uso. Pero, "¿para qué sirven estos programas?", "¿puedo estar utilizándolo sin saberlo?".
Estos programas permiten llevar dos contabilidades distintas, algo que no tendría por qué tener un fin fraudulento. Sin embargo, muchos autónomos lo utilizaron para ocultar sus cuentas al fisco. Por este motivo, la Administración ha puesto el ojo en este tipo de software.
Estos trabajadores por cuenta propia se servían, y más de uno se sigue sirviendo, para llevar unas cuentas 'oficiales' mientras se contabilizan por otro lado las cantidades que no se quieren declarar.
Algunos de estos programas sí que están creados con un fin totalmente fraudulento, ya que "llegan a emitir tickets por el importe íntegro de una compra, pero hacen que la misma no quede reflejada en la contabilidad oficial", explican desde el Colegio Oficial de Titulares Mercantiles y Empresariales de Valencia. "Así, incluso el cliente podría estar haciendo un pago en B sin saberlo".
Por este motivo, cualquier autónomo que no actualice sus programas informáticos de acuerdo a la nueva certificación aprobada por el Gobierno será sancionado con multas de hasta 50.000 euros.
No obstante, tal y como establece la nueva norma, esta sanción se podría triplicar en los casos en los que se oculten ingresos. Es decir, exista intención o dolo. Así, los autónomos incurrirían en multas de hasta 150.000 euros por cada ejercicio económico en el que se hayan producido las ventas ocultadas.
