A mediados de junio el Parlamento griego aprobó por mayoría absoluta la reforma laboral del primer ministro Kiriakos Mitsotakis. Mientras el mundo apuesta por conectar sostenibilidad, conciliación y productividad y, pese a las múltiples protestas y huelgas que ha provocado, la citada reforma laboral, lejos de esta tendencia, legitima la jornada de 10 horas al día y separa la negociación de los horarios de los convenios.
El Gobierno español incluye en su Agenda 2050 la jornada de 35 horas, e Islandia ha concluido un exitoso experimento en el que durante años trabajadores de varios sectores redujeron su jornada a cuatro días por semana. El resultado fue una mejora de la productividad general.
Grecia no sólo continúa por encima de la media de la OCDE en horas trabajadas, sino que es el quinto país de la Unión Europea menos productivo, ligeramente mejor que España.
La disposición más polémica de la reforma permite ampliar la jornada laboral hasta dos horas diarias con un acuerdo individual entre empleado y empresa por un periodo de medio año aunque manteniendo formalmente las cuarenta hora semanales.
Así, el empleado puede trabajar, en teoría solo a su petición, cuatro días a la semana durante diez horas, o acumular horas que se compensan con días libres más adelante en lugar de ser retribuidas.
El proyecto de ley extiende además las horas extraordinarias anuales permitidas de actualmente entre 90 y 120 (dependiendo del sector) a 150 e introduce a medio plazo una tarjeta de control horario para el fichaje obligatorio.
La legislación helena preveía esta posibilidad desde hace 20 años pero exigía convenio sectorial, y los sindicatos temen que se obligue a los empleados a trabajar más sin pagarles horas extra ni ofrecerles las libranzas previstas, al depender de un acuerdo a dos.
El Gobierno está convencido de que serán los trabajadores los que decidan y que la reforma facilitará el equilibrio entre vida familiar y profesional.
"Abusos por parte de patronos siempre ha habido. El problema es que flexibilizar el trabajo amplia el margen para ello", dice a Efe Dimitris Karayeoryópulos, portavoz del sindicato del sector privado Gsee. Aunque Karayeorgópulos asegura que el sindicato está preparado para proteger a los trabajadores y mediar con la inspección de Trabajo.
Cristina, dependienta en una tienda de recuerdos del barrio histórico Plaka, se siente a merced de sus empleadores. "Si me piden trabajar más horas sin pagarme, estaré obligada a hacerlo y ni pensaré en pedir mis libranzas extra ¿Dónde podré encontrar otro trabajo con este desempleo monstruoso?", dice. Solicitar una inspección tampoco es una opción: "Me considerarán responsable y despedirán"
Sus temores coinciden con los de la oposición de izquierdas, que sostiene que esta disposición cimenta legalmente una realidad: el exceso de horas no remuneradas. El Gobierno quiere atajar este problema con un proyecto piloto en 2022: una tarjeta digital para "fichar" que registre las horas trabajadas, obligatoria en todas las empresas.
Jristos Ioannu, experto en legislación laboral de la Asociación de Empresas e Industrias (SEV) cree que la flexibilidad horaria no está pensada para los empresarios.
"Tal como está redactada la ley, se trata de un derecho del trabajador, no de su empleador Una empresa que tiene un incremento de su volumen de negocio estacional no puede pedir directamente a sus trabajadores ampliar el horario laboral. La ley no satisface esta necesidad", cuenta a Efe.
¿Y la reducción del tiempo de trabajo?
Mientras otros países estudian modelos para reducir la jornada, o ya los han implementado, en Grecia el debate sobre acortar el tiempo de trabajo es prácticamente inexistente.
"Desde el comienzo de los 2000 reivindicamos la jornada de 7 horas diarias y 35 semanales sin reducción de salarios. Desgraciadamente, ningún Gobierno quiso enfrentarse a las grandes empresas", dice Karayeoryópulos.
Sin embargo, Gsee no incluye esta reivindicación en sus huelgas generales -convoca de media dos al año, con escaso seguimiento pues menos de 400.000 de los 2,4 millones de asalariados del sector privado están afiliados-.
Tampoco aparece en los programas de los partidos izquierdistas aunque recientemente Syriza, la mayor fuerza de la oposición, mencionó por primera vez la posibilidad de la jornada de 35 horas semanales.
Para Yorgos Kavvazás, presidente de la organización de pymes Gsevee, no es el momento para este debate, pues las pequeñas empresas no pueden soportar actualmente el coste de reducir la jornada laboral. Mientras, Ioannu cree que debe haber una mejora sustancial de la productividad antes de poder hablar de cómo repartir el beneficio entre los trabajadores, si en forma de salarios o menos horas laborables.
