El Ministerio de Trabajo y Economía Social pone el foco en los empresarios del campo. La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que se ha propuesto acabar con las prácticas de contratación fraudulentas, intensificará las inspecciones en el medio rural, sobre todo en Andalucía.
Así lo aseguró Díaz tras reunirse, este martes, con una representación de las Jornaleras Huelva en Lucha, así como con el colectivo La Laboratoria para abordar las conclusiones de su informe "La situación de las jornaleras en los campos de fresa de Huelva".
Tal y como explican desde Trabajo, la vicepresidenta puso en valor el informe, su exhaustividad y reafirmó el compromiso del Ministerio y del Gobierno para luchar "contra este tipo de prácticas que vulneran los derechos laborales y los derechos humanos".
Huelva en el punto de mira
El Ministerio de Trabajo va a trasladar a la Inspección las conclusiones de este informe para que, en el marco de sus competencias, se persigan las conductas que lesionen los derechos de las jornaleras.
La Inspección en Huelva es especialmente relevante, suponiendo un 17% del total de las actuaciones en 2020 y un 28% en el primer trimestre de 2021, ya que concentra gran parte de la campaña de la fresa andaluza.
Yolanda Díaz aborda esta situación como una "prioridad" y procura su erradicación desde la Inspección, puesto que el informe denuncia la explotación y la agravación de la situación para las mujeres jornaleras, tales como malas condiciones, discriminación, comportamientos denigrantes y abusos.
"La discriminación por razón de género es evidente al ser un sector feminizado y precarizado en donde se producen situaciones flagrantes de vulneración de derechos, tanto laborales, de asistencia y prestación sanitaria, de dignidad personal e integridad física y moral, de servicios mínimos y habitabilidad", señala el informe.
El Ministerio ya ha realizado cambios normativos para que la Inspección pueda tener más protagonismo en las situaciones de pobreza y exclusión denunciadas en numerosas ocasiones, incluyendo el relator de la ONU, Philip Alston, en el campo de Huelva. En esta línea modificó la regulación para que los inspectores tuvieran acceso a las condiciones habitacionales que deriven del contrato de trabajo, o cedidas por las empresas.
