El de Ferrovial ha sido el último episodio de una manera de hacer política –no exclusiva de España– por la que los gobiernos de turno de todo signo político intervienen veladamente (o no) en las operaciones empresariales, incluso cuando éstas no suponen menoscabo alguno para cuestiones estratégicas de país. Con Ferrovial, el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho gala de la injerencia política frente a las cámaras en una operación del ámbito privado de una empresa cuya soberanía recae sobre sus accionistas. Y estos han hablado alto y claro con sus votos a favor de que la nueva matriz esté radicada en Países Bajos para cotizar en el Euronext de Ámsterdam y en Wall Street, la gran Bolsa americana.
El peso de Ferrovial en infraestructuras críticas para España es residual, pero el Gobierno ha lanzado descalificaciones y amenazas a una de las principales empresas españolas en el mundo y a su presidente, Rafael del Pino. Nunca antes se había vivido situación igual. Tampoco antes ninguna empresa de relieve había decidido mudar su sede fuera de España.
Pero la intervención de gobiernos en los designios de empresas ha ocurrido históricamente al amparo de la protección de los intereses nacionales y desde la privatización de empresas públicas con José María Aznar, ha ido en aumento. En algunos casos encuentra justificación por salvaguardar la seguridad nacional o segmentos estratégicos para la economía; en otros, en un estado de derecho y en un mercado libre, resulta más complicado. Con la pandemia, en 2020, el Ejecutivo de Sánchez instauró el escudo antiopas para proteger a las compañías de sectores clave de ofertas extranjeras. La medida, que ha sido prorrogada hasta 2024, primero se circunscribía a empresas de países fuera de la Unión Europea, y después también incluyó a las del mercado comunitario. Con ello, el Gobierno puede vetar a inversores que quieran adquirir más de un 10% de una empresa estratégica por más de 500 millones. Se trata de una figura que rememora la antigua acción de oro de empresas privatizadas a partir de 1995, con José María Aznar en el poder.
En la historia reciente de España emergen múltiples ejemplos de operaciones en las que el Gobierno del momento intervino. En algunas se impidió que terceros países tomaran el control de empresas estratégicas y, en otras, por el contrario, se allanó el camino para ello; también se instrumentaron leyes ad hoc para determinados conflictos o se influyó decisivamente para que grupos españoles intercedieran en operaciones. Las casuísticas son variadas. A continuación se enumeran algunas de las operaciones más relevantes de la historia reciente de España en las que Moncloa ejerció un papel, si no determinante, sí muy relevante:
Endesa-Enel-Acciona-E.ON
La batalla energética por excelencia es la guerra de opas por Endesa. El 5 de septiembre de 2005, Gas Natural presentó una oferta de compra no solicitada por la eléctrica. "Hoy ponemos el semen y dentro de nueve meses tendremos la criatura", aseguró entonces en Barcelona el presidente de Gas Natural, Salvador Gabarró, que no imaginaba las carambolas que provocaría aquella intentona de compra tras la defensa protagonizada por Manuel Pizarro. La opa de Gas Natural comenzó con 21,3 euros por acción (13,85 de ellos a pagar en títulos), pasó por los 35 euros de la alemana E.ON y llegó hasta los 43 euros que desembolsaron, incluido el dividendo extraordinario que ofreció Endesa, a pagar a Enel y Acciona. Y es que el escenario energético estaba abierto después de fracasar por la oposición de Aznar y Rato la fusión con Iberdrola planeada en el 2000 entre Rodolfo Martín Villa y el malogrado Iñigo de Oriol.El matrimonio ganador fue el de Enel y Acciona, que apenas duró un año, a pesar de que los socios se empeñaron en demostrar que era un compromiso de futuro. José Manuel Entrecanales rechazó rotundamente las interpretaciones que señalaban que había habido ayuda del Gobierno para frenar a la alemana E.ON. El grupo italiano terminó llevándose el gato al agua. Entrecanales vendió su 25% por 11.600 millones, con una parte en efectivo, un contrato para suministrar turbinas y activos renovables por 2.900 millones. Enel, por su parte, se quedaba con un 92% de Endesa tras una batalla legal, económica y mediática que llegó a provocar sentimientos nacionalistas y boicots. Repsol-Pemex-Sacyr
Otra de las mayores guerras empresariales de los últimos año fue protagonizada por el ex presidente de Sacyr, Luis del Rivero, que intentó tomar el control de Repsol en diversas ocasiones con la compañía de Lukoil y de Pemex. En ambas ocasiones, la oposición de la petrolera así como la debilidad financiera de la constructora fueron claves para que una de las principales empresas del país no acabara engullida por los gigantes chino y mexicano que habían puesto el ojo en las mismas. Iberdrola-ACS
ACS intentó tomar el control de Iberdrola pero acabó fracasando y vendiendo su participación tras la fuerte oposición que llevó a cabo la dirección de la eléctrica. La guerra entre Florentino Pérez e Ignacio Galán sigue a día de hoy tan viva como en el momento del asalto y, de hecho, ambos directivos siguen cruzándose denuncias por un enfrentamiento que rompió los puentes entre ambos empresarios. La eléctrica de Galán se negó a dar entrada en el consejo de la compañía a ACS al asegurar que se trataba de un competidor por su creciente presencia en el negocio de las energías renovables. Finalmente, tras la falta de apoyos de los accionistas de la eléctrica a Florentino, el también presidente del Real Madrid tuvo que dar marcha atrás en su asalto. Abertis-Atlantia-ACS
Atlantia lanzó una opa sobre Abertis en 2017, en una operación inversa a la que la Acesa –la antigua Abertis– intentó una década antes y el Gobierno italiano frustró. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ejerció un papel decisivo en la búsqueda de una alternativa nacional. La pública Aena, dirigida entonces por José Manuel Vargas, se propuso para crear el mayor grupo de infraestructuras de transportes del mundo, pero Rajoy ni se lo planteó. ACS se elevó en solución, pero la magnitud de la operación, con una deuda asociada muy relevante, llevó al grupo de Florentino Pérez a adoptar una vía intermedia aliándose con Atlantia en la compra, aunque con dominio en el capital de firma italiana. Como el mayor operador de autopistas de peaje de España, el Ejecutivo consideró a Abertis como empresa estratégica, por lo que fue necesaria la autorización del Ministerio de Fomento. No sólo eso, Abertis también era estratégica porque controlaba el grupo de satélites Hispasat, por lo que también requirió la aprobación del Ministerio de Industria y, además, tuvo que ser vendido a Red Eléctrica, participada por el Estado. Iberia-British Airways
La operación se remonta a la década anterior, pero su huella todavía perdura en la industria aérea. Iberia y British Airways dieron los primeros pasos para su unión en 2008, aunque la luz verde definitiva no llegó hasta tres años después, tras varios giros de guion e, incluso, el cambio en la cúpula de la compañía española en medio de las negociaciones. No obstante, las "salvaguardas" introducidas en el pacto de fusión que dio lugar a IAG, donde se contemplaba la posibilidad de dar marcha atrás hasta tres años después, dio alas al Gobierno de Rajoy para presionar. El motivo: los nuevos propietarios de la antigua compañía de bandera española lanzaron una gran reestructuración entre el personal de España (4.500 despidos y 25 aviones menos) y los primeros resultados de la integración dejaban mejor parada a British Airways en rutas y cuota de mercado frente a la nacional. Naturgy-IFM
En enero de 2021 el fondo australiano IFM lanzó una opa sobre el 22,69% de Naturgy, con la intención de ampliar su control sobre el capital de la compañía. Fue un proceso cargado de complicaciones, en el que el Gobierno llegó a imponer unas condiciones más estrictas de lo habitual con un periodo de vigencia de cinco años. Como parte de estas exigencias, el fondo representado en España por Jaime Siles debía mantener la sede de la compañía y una parte significativa de su plantilla en España, apoyar las inversiones en transición energética, mostrar prudencia en su política de dividendos o rechazar su retirada de cotización de bolsa, entre otras cosas. Pese a su objetivo inicial, el escaso grado de aceptación de la oferta llevó a IFM a quedarse como cuarto accionista de la firma, con un 10,83% del capital, por detrás de Criteria Caixa (26,7%), CVC (20,6%) y GIP (20,07%). Desde entonces el fondo ha ido escalando progresivamente su participación hasta el actual 14%. Indra-ITP
La compra de ITP Aero por el fondo estadounidense Bain Capital a Rolls Royce, valorada en 1.700 millones, es otro claro ejemplo de operación estratégica donde Moncloa y el Ejecutivo de Iñigo Urkullu establecieron unas condiciones de "especial protección de los intereses industriales y de defensa" con el fin de mantener el carácter nacional de la compañía reservando un 30% del capital a un núcleo de inversores y socios industriales españoles. La entrada del Gobierno vasco en el grupo aeronáutico con el 6% del capital a través del Fondo de inversión Finkatuz junto a Bain, JB Capital y la empresa guipuzcoana Sapa Placencia. Detrás de la decisión pesó la continuidad empresarial de ITP Aero en Euskadi, además de su sede y empleos. En el consorcio industrial se espera un último paso: el desembarco de Indra con hasta el 15% del capital para acompañar a Bain como socio mayoritario del núcleo duro español. Un nuevo movimiento que pondría las bases para crear un gran grupo español de defensa. Deoleo-IQ
En 2014 un fondo vinculado al Estado italiano, IQ Made in Italy Investment, intentó comprar el 100% de Deoleo, el grupo alimentario español líder mundial del aceite envasado de oliva. El Gobierno español, con Miguel Arias Cañete como ministro de Agricutlura, intentó vetarlo y la empresa fue comprada al final por CVC.