Barcelona
El pacto entre la Generalitat y Aena para desencallar la ampliación del aeropuerto de El Prat despertó rápidamente multitud de reacciones. Las respuestas de la sociedad civil fueron en línea con lo esperado: el empresariado aplaudió el movimiento que, según sus cálculos, incrementará un 1,8% el PIB catalán; mientras que las plataformas ecologistas anunciaron la convocatoria de movilizaciones contra la decisión, como ya hicieran en 2021.
Con una inversión prometida de 3.200 millones de euros, entidades como Foment del Treball o la Cambra de Barcelona fueron de los agentes que más presionaron al Govern para que aceptase la ampliación. A sus ojos, se trata de un proyecto vital para la competitividad de la economía catalana.
Así, el vicepresidente de Foment, Lluís Moreno, defendió que la ampliación implicará un incremento del 1,8% del PIB catalán. Además, pidió celeridad para poder incluir la obra en el Dora –el plan que aglutina las grandes inversiones de Aena- que debe estar listo en agosto de 2026. La patronal celebró que se trata del proyecto "más importante para la economía catalana en diez años".
Mientras, Pimec pidió que la Generalitat también participe en la gestión del aeropuerto de una manera similar a la utilizada para el gobierno del Puerto de Barcelona. En la misma línea se expresaron Cambra de Comerç de Barcelona, Pimec, RACC, Cercle d'Economia, Barcelona Global, FemCat, Colegio de Economistas y Fira de Barcelona en una nota conjunta.
El grupo de entidades pidió expresamente mejorar la conectividad con mercados como Japón, China y regiones de América. "No solo mejorará la conexión de Barcelona con otros países tendrá un impacto positivo no solo para atraer perfiles de viajeros asociados al mundo de los negocios, sino que también estimulará el intercambio comercial y la inversión internacional sobre Cataluña", señalaron.
Los ecologistas levantan la voz
La felicidad entre el empresariado contrasta con las quejas de los principales movimientos ecologistas. A través de la plataforma Zeroport –que ya centralizó las movilizaciones en 2021- anunciaron movilizaciones contra la decisión de Illa que, dicen, "agravará la crisis ecológica" e "insiste en el modelo económico basado en el turismo que precariza los sueldos".
La ampliación "agudiza la ya grave y frágil situación en la que se encuentran el Delta del Llobregat y sus espacios naturales, agrarios y acuíferos, hecho recriminado desde hace tiempo por la Comisión Europea", añadieron.
La organización Depana, que ya implicó a la Comisión Europea hace cuatro años al considerar insuficiente la zona protegida para aves, apuntilló que, de llevarse a cabo, la ampliación tendrá "un impacto ecológico irreversible sobre La Ricarda y el Remolar".