Madrid 
La situación económica y laboral de los jóvenes en España es compleja y los expertos urgen a que el Gobierno lleve a cabo reformas estructurales para garantizar un futuro de mayor calidad. En primer lugar, la brecha salarial entre los jóvenes de entre 20 y 24 años en 2023 -último dato disponible- fue del 45% con respecto al salario medio nacional. Mientras que un joven cobraba 15.364,17 euros al año, la media de los trabajadores españoles percibía 28.049,94 euros anuales.
Además, los expertos señalan que buena parte de ese salario se destina, en muchas ocasiones, al pago de impuestos, mientras que las políticas públicas impulsadas por el Ejecutivo están cada vez menos enfocadas a los jóvenes. Es una de las principales conclusiones de la jornada La situación económica de los jóvenes en España y propuestas para mejorarla, organizada por el Consejo General de Economistas (CGE) y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).
A pesar de que los bajos salarios provocan que este colectivo de trabajadores no cotice apenas el IRPF, si que es cierto que soportan una alta carga derivada de las cotizaciones sociales y del IVA, un impuesto que está directamente relacionado con el consumo, pero que de manera directa se "lleva" un 7,7% del salario de los menores de 35, consecuencia de los bajos salarios que perciben. Aún así, los expertos señalan que los impuestos no son un problema para los jóvenes, "sino la falta de incentivos y ayudas a este colectivo".
Además, otros de los retos que enfrentan los jóvenes es la precariedad e inestabilidad laboral. Los propios datos señalan que en 2024 el 60,5% de los contratos de los empleados menores de 30 años fueron temporales y un 45% a tiempo parcial. Esto, unido a las bajas retribuciones en materia laboral, dificultan una planificación económica de cara al futuro.
Así, en la crisis de la vivienda, protagonizada por los precios elevados y la escasa oferta, provoca que cuatro de cada diez hogares españoles destinen el 40% de sus ingresos mensuales al pago del alquiler. Y es que, el problema actual viene dado, en parte, por la eliminación de ayudas y beneficios fiscales que se han eliminado y que anteriormente sí que se ponían a disposición de los jóvenes, como es la deducción impositiva por la compra de la vivienda.
Además, Ignacio Conde-Ruiz, subdirector de Fedea, señala que uno de los principales problemas es que "el actual modelo económico destina una parte creciente del gasto público (un 30%) a pensiones, mientras se destina una parte mínima de financiación a políticas clave destinadas a los jóvenes". Esta situación vienen dada, parte, por la escasa representación del colectivo juvenil de cara a las elecciones, que cada vez tienen menos peso -en 1971 suponían casi el 35% de los votantes y en 2022 representaban menos del 23%-.
En este sentido, algunas de las propuestas que realizan los expertos para tratar de poner fin, a corto y largo plazo, a esta problemática es que por cada euro adicional que se gaste en mayores, que se añada uno más para políticas juveniles; desarrollar incentivos fiscales al ahorro y para facilitar el acceso a la vivienda, aumentar la construcción de vivienda sostenible, ampliar las ayudas al alquiler e impulsar un Pacto de Estado por el Empleo Joven que articule una estrategia común y que cuente con la participación de todos los agentes sociales.