Los expertos que examinan la reforma laboral amagan con ignorar la 'bomba' de precariedad de los fijos discontinuos

Los expertos de la Comisión de Evaluación de la Reforma Laboral han dejado en el aire si entrarán a analizar a fondo o 'esconderán bajo la alfombra' el funcionamiento de una de las figuras contractuales más polémicas: los contratos indefinidos fijos discontinuos. A pesar de que su evolución desde el cambio legal refleja un inequívoco incremento de su precariedad. Solo en el primer trimestre se registraron 909.192 bajas de afiliación por pase a la inactividad, un 411% más que en el mismo periodo de 2022, pese a que en el mismo periodo la cifra de asalariados solo creció un 85,3%, hasta los 872.762 afiliados medios. Aunque en abril volvieron a subir hasta los 1,02 millones, lo que da muestras también de su disparada volatilidad estacional.

Durante la presentación de la Comisión hace unos días, los expertos presentes en el acto se aferraron a que su mandato es analizar la evolución de la temporalidad y no "otras cuestiones". Pero el caso es que estos contratos han dejado claro que un trabajador con un empleo en teoría indefinido, puede ser más inestable que muchos temporales.

Cuando un fijo discontinuo pasa a la inactividad y hasta que su empresa vuelve a llamarle, no cobra ningún salario y ni cotiza, por lo que es dado de baja a la Seguridad Social. Puede, si cumple los requisitos, acceder a una prestación por desempleo, aunque en ningún caso se considera un parado porque el contrato sigue vigente. Esto ha hecho que el foco se ponga en si estos inactivos, que se han disparado con el auge de este tipo de contratos y de bajas, maquillan las cifras de paro.

Los expertos no van a entrar en la cuestión de si deben contar como desempleados o no, un debate que es muy anterior a la reforma de 2021 y se remonta a 1985. Pero si quieren analizar la calidad del empleo tras la norma, deberán estudiar muy a fondo su peso en el empleo y en la rotación laboral. Sobre todo, porque a diferencia de otras cuestiones, como el aún elevado remanente de contratos temporales o el auge de los despidos, sí es un efecto claro del cambio legal.

Antes de la reforma, los fijos discontinuos se vinculaban a actividades de carácter estacional, como el turismo. Esto explica que las bajas de afiliación por inactividad registraran un auge coincidiendo con las campañas estivales y navideñas. Pero el cambio legal pretendía que estos contratos sustituyeran a los desaparecidos contratos por obra y servicio, como una vía de paso de la contratación temporal a la indefinida ordinaria.

Para ello flexibilizó su uso, llegando al extremo de permitir que las ETTs los suscriban para cubrir las necesidades temporales de sus clientes. Esto hizo que la volatilidad se disparara, con picos repartidos a lo largo de todo el año, señal inconfundible de una rotación laboral mucho más intensa.

En los tres años transcurridos desde la entrada en vigor plena de la norma, el Gobierno ha eludido esta cuestión. Argumenta que el peso de los fijos discontinuos es residual en el empleo. De hecho, ha pasado de suponer el 3,1% de los afiliados al régimen general en marzo de 2022 al 5,2% en el mismo mes de 2025. Pero este argumento omite que el pase a la inactividad es la segunda causa de baja de afiliación, después de la finalización de un contrato de duración determinada.

Además, según los datos del SEPE, solo son llamados tres veces de media al año, lo que se traduce en que su estabilidad laboral y la continuidad de sus ingresos económicos no son ni de lejos comparables a la de los indefinidos.

Trabajo es consciente del problema y de hecho ha lanzado varias campañas de inspección para evitar abusos de esta figura, persiguiendo el uso de fijos discontinuos para cubrir puestos que deberían ser indefinidos ordinarios. Pero la opacidad en todos los datos que rodean a esta figura es la política de Trabajo.

Lo cual no deja de ser paradójico cuando es uno de los ministerios, junto al de Seguridad Social, que más estadísticas e informes publican, muchos con información que la propia ministra, Yolanda Díaz, asegura desconocer. En este sentido, está en manos de la Comisión pedir toda la información o confiar en la que el equipo de la vicepresidenta les facilite. De ello depende que puedan analizar con la profundidad que merecen los afectados, la realidad que viven más un millón de asalariados, activos o inactivos. .

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