Las asociaciones de automovilistas y de consumidores animaron ayer a los afectados por el colapso en la AP-6 provocado por la nevada del pasado sábado a reclamar por los daños sufridos. Unas indemnizaciones que, atendiendo a situaciones similares precedentes, podrían alcanzar los 1.000 euros sólo en concepto de daños morales. Una cantidad que, no obstante, podría incrementarse si se hubieran producido otros daños objetivos y demostrables, como desperfectos en el vehículo o la pérdida de un billete de avión o una noche de hotel. Las primeras demandas colectivas ya se están preparando, pero así son los pasos que pueden seguir para reclamar los afectados por el colapso de la AP-6.
Todas las organizaciones coincidieron en señalar a la empresa concesionaria que la principal responsable del caos y, en consecuencia, ante quien con más facilidad prosperarán las reclamaciones es la empresa concesionaria, Abertis.
"Contra la concesionaria el usuario tiene la posibilidad de acudir a las Oficinas de Consumo y, en caso de que allí no prospere su reclamación, interponer una demanda", explica Ángeles Miguel, responsable de Asistencia Jurídica del Race. Según advierte, el procedimiento para actuar contra Fomento es "mucho más largo y complejo". En primer lugar, el conductor debería presentar un recurso administrativo y, una vez fracase éste, acudir a los tribunales.
El Estado, responsable
Que la reclamación se dirija contra contra la empresa, no obstante, no elimina la responsabilidad del Estado en esta crisis. Es cierto, como ha señalado Fomento, que la primera que debe velar sobre la conservación de la vía es la concesionaria. Así se establece en el artículo 27 de la Ley 8/1972 sobre construcción, conservación y explotación de las autopistas en régimen de peaje. No obstante, el artículo 3 advierte que el servicio objeto de la concesión es una actividad propia del Estado, que la empresa gestiona en su nombre y de forma temporal y siempre bajo la inspección y vigilancia de la Administración cedente.
Asimismo, la Ley de Tráfico determina que en todas las vías que sean utilizadas "por una colectividad indeterminada de usuarios" -lo cual incluye también a las autovías de peaje-, el Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Tráfico (DGT), conserva competencias como el cierre de una caretera o de un tramo de la misma por razones de seguridad.
Por último, el Estado también puede activar la exigencia de responsabilidades contra Abertis. Si se constatara que ha incumplido los términos de la concesión, al margen de una multa de 50.000 euros por cada día de mal funcionamiento, podría trasladarle los gastos en los que ha incurrido para subsanar las deficiencias del servicio.
Lamentan los inconvenientes
El Gobierno reaccionó ayer a las críticas por su gestión del colapso anunciando que facilitará la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en casos de bloqueos de carreteras. Si hasta ahora pueden solicitar su intervención comunidades autónomas, delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, a partir de ahora también podrá hacerlo la Unidad de Valoración de Riesgos, organismo integrado por la Dirección General de Protección Civil, la DGT y la Agencia Estatal de Meteorología.
La decisión fue adoptada ayer por el Comité Estatal de Coordinación (Ceco) sobre la Vialidad Invernal, que se reunió en la sede del Ministerio del Interior, y del que forma parte, además del ministro Juan Ignacio Zoido, el titular de Fomento, Íñigo de la Serna.
El comunicado emitido tras la reunión manifiesta que el organismo "lamenta" los inconvenientes vividos por los ciudadanos que quedaron atrapados por la nieve, especialmente en la AP-6, y anuncia, además, que mañana el Comité de Seguridad Vial analizará los fallos cometidos para evitar que se reproduzcan en el futuro.
¿Sanción a Iberpistas?
Por su parte, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, insistió ayer en señalar a Iberpistas, consecionaria de la AP-6, como el principal responsable del caso vivido en la noche del sábado y abrió la puerta a una posible sanción. En este sentido, recordó que ya se ha iniciado la apertura del expediente informativo a la empresa concesionaria con el que se persigue "dilucidar si ha habido algun tipo de negligencia o de acción contraria a lo que tiene que ser el desarrollo de los protocolos para este tipo de casos", explicó De la Serna. El responsable de Fomento espera tener los datos disponibles para su comparecencia en el Congreso, momento en el que decidirá si se debe abrir "un proceso sancionador" a la filial de Iberpistas si ha habido fallos en su actuación.
"La apertura del estudio informativo se lleva a cabo porque la responsabilidad recae sobre el concesionario (tiene la potestad de abirir y cerrar la carretera sin consultar a Fomento) y no solo porque lo determine el protocolo o esté establecido en las propias condiciones contractuales, si no porque en casos similares de otras autopistas de peaje, existen sentencias del tribunal Supremo que claramente identifican la responsabilidad del concesionario", aseguró el ministro de Fomento mientras que su número dos, el secretario de Estado Julio Gómez-Pomar, reconocía que "todos los actores implicados" habían "hecho algo mal".
En cuanto a las preguntas de por qué no se había llamado antes a la UME (Unidad Militar de Emergencia) o a la Guardia Civil, De la Serna aseguró que la responsabilida recae sobre la comunidad autónoma.
Solidaridad con los viajeros
Mientras, la directora general de la empresa concesionaria de la AP-6, Ana Bonet, ha asegurado que la compañía, del grupo Abertis, aplicó en la vía el protocolo de actuación al "máximo nivel" previsto ante situaciones meteorológicas excepcionales como las que se registraron este pasado fin de semana y que avisó a la Administración cuando se vio que podía ser insuficiente. "Se procedió a avisar a la Subdelegación del Gobierno de Castilla y León para que actuara activando los protocolos de emergencia", ha explicado Bonet en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, en las que remitió al expediente informativo abierto por Fomento para esclarecer lo sucedido.
El Partido Popular mostró ayer su solidaridad y comprensión con los viajeros que se vieron atrapados en la gran nevada que cayó en la tarde del domingo y la madrugada del lunes sobre un tramo de la AP-6. Conscientes de su enfado, la dirección del PP culpó directamente de la mala gestión a la empresa concesionaria, destacando por contra la agilidad, la prontitud y la coordinación de los ministerios de Interior y de Fomento, sin entrar a valorar la responsabilidad de cada uno de ellos. Muy al contrario, los populares justifican el expediente abierto a Abertis, la empresa que en su opinión tuvo que garantizar el viaje de los turistas, ya que las tasas que cobran son lo suficientemente altas como para exigirles todos los requisitos. No obstante, el PP no quiso excluirse de las disculpas, señalando que nadie más que la concesionaria, ni siquiera los viajeros, era la única responsable del caos de la gestión de la nevada.
