El Gobierno tiene asumido que el jueves no habrá recibido respuesta alguna del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y deberá pedir permiso al Senado para aplicar el artículo 155 de la Constitución por primera vez en democracia, algo que podría suceder en el Pleno del martes 24 de octubre, una sesión en la que se da por hecho que tomará la palabra el jefe del Ejecutivo.
Según han confirmado a elEconomista fuentes conocedoras de las negociaciones entre PP y PSOE, Moncloa optará por una aplicación suave: por un lado dejará al Govern sin competencias económicas y sin poder sobre la dirección de los Mossos d'Esquadra pero, por contra, no destituirá al president Puigdemont, al menos desde un principio. Además, tampoco se tomarán medidas contra la presidenta del Parlament.
Estas mismas fuentes explican que en el momento en el que se active el 155, el Ejecutivo pondrá en marcha un listado de unas 15 medidas que podría adoptar para frenar el desafío secesionista. Sin embargo, a priori sólo habilitará dos, pues el objetivo pasa por no calentar las calles de Cataluña o dar la impresión de que se están vulnerando derechos. El presidente catalán seguirá, por tanto, ostentando su cargo, y que se adopten más medidas dependerá en buena parte de su actitud.
Lo cierto es que la Generalitat ya no tiene la tutela efectiva sobre sus finanzas desde el pasado 15 de septiembre, cuando la Comisión Delegada de Asuntos Económicos autorizó al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a asumir el control de los recursos para evitar que se dedicase dinero público a financiar el referéndum u otras actividades ilegales.
Hoy por hoy, el departamento que dirige Oriol Junqueras ha de remitir listas semanales de los pagos pendientes y es Hacienda la que decide desbloquear los fondos o no hacerlo. Con el 155 de por medio, ese control llegará un paso más allá y será el Gobierno quien efectúe los desembolsos, ya que toda confianza en la Generalitat ha quedado quebrada tras el 1 de octubre, el paro de país del día 3 y el pleno en el que Puigdemont anunció la independencia para después suspenderla.
Por otro lado, el control de los Mossos pretende ofrecer certidumbre sobre la actuación de un cuerpo policial bajo sospecha por su actuación durante los registros del 20-S y el 1-O -y por la cual están imputados el mayor Trapero y su teniente, Laplana-.
"Hacerlo con inteligencia"
Cerca de las once de la mañana de ayer, la vicepresidenta del Gobierno se dirigía al president Carles Puigdemont para responder a su carta en la que no dice ni una palabra sobre la declaración de independencia, y bien al contrario, solicita una mesa de diálogo Generalitat-Estado y poner fin a la represión contra el pueblo y el Gobierno de Cataluña.
Santamaría fue concisa: "No era muy difícil decir si sí o no había declarado la independencia; no era una respuesta complicada". De modo que, la segunda fase del requerimiento quedó ayer activada hasta el jueves 19 a las diez de la mañana, momento en el que, de no haber respuesta y no haber restituido la legalidad, el artículo 155 empezará a caminar por los procedimientos que marca la Constitución.
El reloj, vino a subrayar la vicepresidenta, comenzó ayer su marcha atrás. Si quiere dialogar, determinó Santamaría, "hágalo en el Parlamento y dentro del marco legal".
En el Partido Popular tampoco esperan cambios radicales de Puigdemont. Su respuesta la circunscriben en el género de las trampas y tomaduras de pelo con las que aliviar las consecuencias judiciales.
En alusión al 155, son cautos. "No se trata de llegar allí y quitar y poner a un presidente. Hay que hacerlo con inteligencia, y dejar pasar el tiempo para que lo que ahora parece imposible parezca posible", señalan fuentes de la dirección del PP, donde se contempla un 155 con medidas muy concretas, extendido en el tiempo y quizás con límites sobre el máximo grado de competencias, porque se trata de restaurar el autogobierno. "Las elecciones autonómicas son también una alternativa", sostienen.
Ese es, sin duda, el objetivo final tanto para el Gobierno como para el PSOE. Su portavoz, Óscar Puente, dejó ayer claro que el 155 debe servir "para restaurar el Gobierno catalán y su autogobierno perdido". Desde Ferraz insisten en que, llegado el momento de aplicar el 155, la respuesta será "pactada y consensuada" con el Gobierno y "lo más limitada posible", algo que coincide con la idea de Moncloa de habilitar de la forma más progresiva el marco legal.
En ese sentido, los socialistas coinciden en que aplicar el 155 "es muy complejo" y el Estado no puede suspender la autonomía de Cataluña como tal. Como mucho, precisó Puente, "se suspenderían los órganos de Gobierno y serían sustituidos por otros", algo que en todo caso no está todavía decidido. Pedro Sánchez y Mariano Rajoy volvieron a hablar ayer. La comunicación entre ambos, explican desde ambas formaciones, es constante y fluida y ambos líderes ya ultiman los detalles ante la probable inacción de Puigdemont el próximo jueves.
Sobre el futuro de Puigdemont, fuentes de la dirección socialista manifiestan dudas sobre que siga siendo presidente de la Generalitat con el 155 en marcha, al menos en el medio plazo. "Es evidente que al final tendrá que haber elecciones en Cataluña y eso permitirá recuperar el autogobierno al pueblo catalán", subrayan.
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