La Audiencia Nacional ha solicitado al juez instructor del caso Bankia, Fernando Andreu, que cite como investigados, la antigua figura de imputados, al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al ex número dos de la institución Fernando Restoy y al expresidente de la CNMV Julio Segura, entre otros, por las supuestas irregularidades en la salida a bolsa de la entidad.
En un auto conocido hoy, la sección tercera de la sala de lo Penal admite parcialmente el recurso interpuesto por la acusación popular de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) y acuerda además llamar como investigados a otros responsables del Banco de España: Pedro Comín, Mariano Herrera, Pedro González, Jerónimo Martínez Tello y Javier Arístegui.
Pedro Comín, Mariano Herrera, Pedro González han presentado su dimisión al gobernador del supervisor, José María Linde, según ha informado al Banco de España, para "no afectar al desarrollo de las funciones de supervisión del organismo".
Según el escrito, todos ellos autorizaron la operación de la salida a bolsa de Bankia "pese a las reiteradas advertencias del equipo de inspección del Banco de España" sobre la inviabilidad del grupo, y de que la solución "no debía ser aprobada, pues suponía grave perjuicio para accionistas, preferentistas y contribuyentes (estimado en unos 15.000 millones de euros)".
"Solo es una bombona de oxígeno que permitirá cumplir temporalmente con los nuevos requisitos de solvencia pero que no logrará transformar la estructura de Bankia. Terminará en el medio plazo con la venta a bajo precio del banco cotizado, pues no generará beneficios recurrentes, y con el Estado nacionalizando BFA supondrá un quebranto para los contribuyentes", explicaba en uno de los correos.
En este sentido, valora la testifical y los correos electrónicos intercambiados por el inspector del Banco de España José Antonio Casaus con sus superiores, y califica de "razonable y razonada" la pretensión de la CIC al estimar que existen indicios "múltiples, bastantes y concurrentes de criminalidad" en esta conducta.
Acusados de una "huida hacia delante"
De este modo, la sala asume los argumentos de la acusación, que señaló al Banco de España y a la CNMV por haber ofrecido una "inestimable colaboración" a la excúpula de Bankia como "cooperadores necesarios" de las supuestas irregularidades e "incitar" a la entidad a efectuar lo que denominó una "huida hacia delante".
Además, remite al informe elaborado por el fiscal del caso, Alejandro Luzón, el pasado noviembre, quien planteó que de cuestionar la viabilidad del grupo BFA-Bankia, la responsabilidad "no sería exclusiva de los administradores o del auditor", sino que "podría suscitarse la participación de otros actores, los responsables del Banco de España, que conscientemente habrían cooperado en el mantenimiento del engaño".
Sobre la calificación de las conductas, los magistrados Antonio Díaz Delgado, Clara Bayarri y Ana María Rubio consideran que en la fase actual de la investigación, cuyas primeras pesquisas se remontan a 2012, todavía no pueden delimitarse los delitos atribuibles a cada uno de ellos.
Portazos de Andreu a la imputación
No obstante, los jueces se oponen a que el Banco de España aporte todos los correos electrónicos remitidos y recibidos desde su dirección por tratarse de una prueba "manifiestamente excesiva" y, por ello, "innecesaria" al poder vulnerar la intimidad de personas ajenas a la investigación.
Andreu ha rechazado en varias ocasiones la imputación de los responsables del Banco de España y CNMV a petición del CIC. Desde el inicio de la instrucción, la acusación ha intentado que fueran investigados la alta dirección del organismo que fuera dirigido por Miguel Ángel Fernández Ordóñez. La última fue a raíz de la incorporación al proceso los correos electrónicos del inspector jefe del Banco de España José Casaus a sus superiores, en la indicaba la inviabilidad de Bankia.
El juez argumentó que la responsabilidad "exclusiva" de la salida a bolsa era de los gestores y directivos de la entidad y que la cúpula de los supervisores de no había cometido ningún delito. Con el portazo del juez, la acusación particular del CIC recurrió la decisión a la sección tercera de la Sala de lo Penal, para intentar la revocación de la decisión utilizando los correos añadidos a la causa del inspector Casaus.
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