La Confederación Intersindical de Crédito (CIC), acusación popular en el caso Bankia, ha recurrido ante la Audiencia Nacional la decisión del juez Fernando Andreu, que rechazó investigar a la antigua cúpula del Banco de España y de la CNMV por su papel en la salida a Bolsa de la entidad.
La CIC considera su petición "imprescindible" dadas las últimas diligencias, entre ellas las declaraciones del inspector del Banco de España José Antonio Casaus así como los polémicos correos en los que advertía de la situación del grupo BFA-Bankia meses antes de la operación, según un escrito al que ha tenido acceso Efe.
En este sentido, el escrito afea que la decisión de Andreu, vinculada al criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que se manifestó en contra de investigar al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al subgobernador Fernando Restoy y al expresidente de la CNMV Julio Segura, sea una muestra más de la "inercia desestimatoria" que acompaña a sus peticiones.
Todo ello, prosigue, a pesar de que los argumentos en los que se ampara el instructor han sido "desvirtuados", como atesorarían los correos electrónicos remitidos por Casaus a sus superiores y que, según la CIC, constituyen una muestra de que "la principal falsedad del folleto informativo de Bankia era perfectamente conocida por el Banco de España".
Y es que éste, con la "inestimable ayuda de la CNMV", señala el escrito, "incitó" a la entidad para que debutara en Bolsa en una "huida hacia delante" en la que jugaron un papel clave los organismos supervisores y fiscalizadores con un "comportamiento proactivo" sin el cual "jamás podría haberse llevado a cabo tal engaño".
En su opinión, el sistema de supervisión del Banco de España falló "de forma estrepitosa y sorprendente a la vista de que los informes de seguimiento demuestran que tenía la información necesaria para actuar", y que si no lo hizo "no fue por mero error o negligencia".
La acusación popular también apunta a los delitos objeto de la investigación, y asegura "desconocer" la razón por la que el juez "limita o restringe" la instrucción a una posible estafa de inversores cuando la querella que dio inicio al caso ampliaba las conductas a apropiación indebida, falsificación de cuentas y administración desleal, entre otras.
El escrito llega dos semanas después de que el juez Andreu rechazase por tercera vez investigar a altos funcionarios de estos organismos al estimar que la responsabilidad en las decisiones de gestión, como pueda ser un debut bursátil, pertenecen en "exclusiva" a los órganos de administración de una entidad.
Tras la incorporación los correos internos del Banco de España al sumario, CIC volvió a pedir la imputación de los responsables de los reguladores que autorizaron la salida. En las diligencias, el juez se refiere a los emails diciendo que no se desprenden de ellos, "que los altos funcionarios del Banco de España o de la CNMV participasen de forma dolosa por acción u omisión en el delito que es objeto del presente procedimiento".
Junto a Fernández Ordóñez, Segura y Restoy, la CIC solicitaba en su escrito la comparecencia como investigados del exsubgobernador del Banco de España Javier Aríztegui; el exdirector de Supervisión Jerónimo Martínez Tello; Mariano Herrera, Pedro Comín y Pedro González, todas las cuales fueron rechazadas.