Madrid
Parece claro que el envejecimiento de la población en España añadirá tensión al sistema nacional de Seguridad Social, uno de los puntos más vulnerables de las Cuentas públicas, pero un reciente informe publicado por Moody's extiende estas tensiones al sector privado, donde el cambio de perspectiva de la demanda afectará negativamente al desempeño de algunas áreas de negocio.
Moody's sostiene que el impacto en el sector privado, sin embargo, será más limitado que en el público y que responderá al cambio en los hábitos de consumo, aunque se aclara que la población jubilada será un importante objetivo de mercado para algunos sectores empresariales, de modo que verán crecer su actividad.
En este sentido, el sector inmobiliario y algunas titulizaciones podrían sufrir un debilitamiento en la calidad crediticia como consecuencia de la menor demanda residencial y la caída de precios especialmente fuera de las grandes zonas urbanas. Del lado de la oferta, cerca de 200.000 viviendas serán transmitidas en herencia anualmente a partir de 2030. Aquellas regiones más afectadas por el envejecimiento, como Asturias, Castilla y León y Galicia serán especialmente vulnerables. Todo ello, unido a un exceso de oferta en el ámbito residencial, debilitaría la potencia del mercado de la vivienda en nuestro país.
"El déficit de la Seguridad Social registrado en 2017 fue del 1,4% del PIB, lo que representa cerca de la mitad del déficit público", sostiene Antonio Tena, vicepresidente y analista de Moody's. "Y el Fondo de Reserva de la Seguridad Social se encuentra casi agotado", añade.
El aumento en los gastos sanitarios y sociales afectará negativamente a las cuentas de las CCAA
Además, el aumento en los gastos sanitarios y sociales también afectará negativamente a las cuentas de las comunidades autónomas. Desde 2002, los Gobiernos autonómicos han asumido la competencia de regular y proveer atención sanitaria y social, coste que significa cerca del 50% de sus presupuestos autonómicos.
Mientras la población española ha envejecido de forma continuada, en línea con la media europea, la estructura demográfica cambiará de forma mucho más acentuada durante las próximas dos décadas. La población por encima de los sesenta y cinco años representará más del 31% del total en 2040, frente a menos del 20% en 2018.
De hecho, éste es uno de los puntos que los expertos y partidos políticos encargados de reformar el sistema de pensiones tiene en cuanta ya que supone un gasto adicional y paralelo al incremento de los gastos en la nómina de las pensiones, donde cada vez hay más receptores y con mayores cuantías.
