Más de 900.000 hipotecas en España se encuentran en un "limbo jurídico" por haber sido constituidas en un régimen legal no vigente, después de que el 21 de marzo de 2016 terminara el plazo de trasposición de la directiva hipotecaria europea, según advierte el Despacho Navas & Cusí .
Desde abril de 2016 hasta mayo de 2018 se constituyeron 886.384 hipotecas, según datos del INE, a las que habría que sumar las firmadas en el mes de mayo y las de los últimos días de marzo de hace dos años, según un comunicado de la firma.
Todas esas hipotecas "tienen vicio de nulidad por haber sido constituidas sin aplicarse el sistema de garantías y protección al consumidor que establece la directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de febrero de 2014", según el socio director de Navas & Cusí, Juan Ignacio Navas.
Esta directiva hipotecaria establece siete días de reflexión antes de la firma de la hipoteca, elimina los recargos por amortización anticipada y obliga al banco a informar de todas las ofertas existentes en el mercado. Además, limita severamente las ventas cruzadas de seguros de vida u otros productos, elimina los bonus bancarios ligados a la colocación y establece criterios de formación para los profesionales que intervengan.
"El consumidor español no tiene por qué ser responsable de los retrasos injustificados de trasposición de las autoridades españolas"
"Nada de esto se ha cumplido en las más de 900.000 hipotecas y el consumidor español no tiene por qué ser responsable de los retrasos injustificados de trasposición de las autoridades españolas", ha defendido Navas, quien ha recordado que las directivas europeas son "plenamente vigentes y plenamente invocables desde el momento en que se aprueban" y que "su trasposición no puede afectar a los principios de primacía y efectividad del derecho europeo".
Por cada día de retraso en la trasposición de dicha directiva, Luxemburgo propone una sanción de 105.991,6 euros, lo que elevaría la multa a más de 90 millones de euros. "El retraso irresponsable de las autoridades españolas tiene impactos muy negativos para la economía española, el sistema financiero y sobre todo para el consumidor bancario, despojado ilegítimamente del sistema europeo de protección", ha señalado el socio director de Navas & Cusí.
