Zaragoza
El Ayuntamiento de Zaragoza ha completado el 25% del Plan Especial de Inspección de Edificios en el área de Zamoray-Pignatelli, con 68 inmuebles revisados de los 277 previstos con el fin de garantizar la seguridad ciudadana y revertir las décadas de abandono de una de las zonas más degradas del Casco Histórico de la ciudad. Una actuación que arroja un balance preliminar que revela carencias estructurales y de conservación en la mayoría de los edificios, con cuatro casos graves que han requerido medidas inmediatas, incluida la declaración de ruina inminente.
El Plan Especial de Inspección de Edificios, puesto en marcha por el Ayuntamiento de Zaragoza en abril de 2025, ha detectado con las inspecciones técnicas ya realizadas un total de nueve edificios en perfecto estado, mientras 55 presentan deficiencias de diversa consideración y cuatro han requerido la apertura de providencias por incidencias muy graves.
Entre los casos más críticos se encuentran tres inmuebles situados en los números 72 y 74 de la calle Ramón Pignatelli y en el número 13 de la calle Zamoray. Estos edificios han sido objeto de desalojos y declaraciones de ruina inminente, lo que ha obligado al consistorio a intervenir de manera subsidiaria con inyecciones de hormigón y apuntalamientos de seguridad para preparar su demolición. Un cuarto inmueble, ubicado en Agustina de Aragón, en el número 8, ha recibido un requerimiento urgente para revisar su fachada, corregir una cubierta hundida y reparar las redes de saneamiento y abastecimiento.
Los informes técnicos también han detectado patologías frecuentes vinculadas a la falta de mantenimiento como es el caso de las redes de saneamiento deterioradas, humedades, oxidación de balcones interiores, desprendimientos de fachadas, desniveles en forjados, presencia de xilófagos y fibrocemento, fisuras en escaleras, acumulación de enseres o daños ocasionados por incendios puntuales, según ha explicado el consejero de Urbanismo en el Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, quien ha recalcado que, en la mayoría de los casos, el origen radica en un deficiente mantenimiento por parte de los propietarios.
El plan prevé abarcar los 277 edificios de la zona, divididos en 14 áreas, con un equipo de cuatro arquitectos técnicos, dos arquitectos y personal jurídico y administrativo del Servicio de Inspección Urbanística, apoyados por la Policía Local. La ley establece que la conservación y habitabilidad de los inmuebles es una obligación de sus propietarios, quienes deben pasar la Inspección Técnica de Edificios (ITE) cada 50 años y, posteriormente, cada década, han recordado desde el consistorio.
Serrano ha incidido en que el plan responde tanto a la antigüedad del parque residencial como a la presión de asociaciones vecinales y grupos políticos. "Nos enfrentamos a un problema de índole social, pero también a una dejación evidente de algunos propietarios, lo que obliga al Ayuntamiento a asumir un papel que no le corresponde, aunque la seguridad de los ciudadanos nos obliga a actuar".
El consejero ha subrayado que "esta situación no se ha generado en pocos años, sino tras décadas de abandono" y ha reivindicado el compromiso institucional del actual equipo de gobierno para revertir la degradación del barrio. No obstante, ha advertido de que los procesos de regeneración no ofrecen soluciones inmediatas, sino que requieren constancia y coordinación con otras administraciones para abordar problemas sociales, ocupaciones ilegales y cuestiones de seguridad ciudadana.
En los próximos meses, continuará el calendario de inspecciones hasta completar la totalidad de los inmuebles. Con esta estrategia, el consistorio pretende garantizar la seguridad estructural de los edificios, evitar riesgos para los vecinos y transeúntes, y contribuir a la recuperación económica y social de una de las áreas históricas más castigadas de la capital aragonesa.
La iniciativa se enmarca en el Plan Especial de Zamoray-Pignatelli, aprobado en junio de 2022, con una inversión acumulada de casi 40 millones de euros en tres años. De esta cifra, 2,3 millones se han destinado a la vía pública (iluminación, obras y limpieza de solares), 5 millones a la adquisición y expropiación de suelos, 3 millones a vivienda (rehabilitación y construcción de nuevos edificios públicos) y 29 millones a colaboración público-privada, destacando la residencia de Pontoneros como proyecto emblemático.