El Gobierno ha dado este martes un paso clave en su política de vivienda al acordar la cesión progresiva de hasta 40.000 viviendas y 2.400 suelos de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) con capacidad para levantar otras 55.000 viviendas que se destinarán a alquiler asequible.
El importe estimado de la operación asciende a 5.900 millones de euros y las viviendas que se traspasen en un primer lote serán aquellas que se encuentren en zonas consideradas tensionadas.
"El presidente del Gobierno se comprometió a la puesta a disposición de 13.000 unidades de forma inmediata, que será la cifra sobre la que estamos trabajando fundamentalmente e iremos incorporando todas porque algunas de ellas requerirán todavía de una adaptación", ha indicado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.
Estos activos serán transmitidos a Patrimonio Nacional y posteriormente a Sepes, que ya está ejerciendo como Empresa Estatal de Vivienda y Suelo de la Administración General del Estado.
Rodríguez, ha destacado que con esta decisión se revierte el uso inicial de estos inmuebles, rescatados tras la crisis financiera, para ponerlos ahora "al servicio de las familias". "Aquello que un día sirvió para rescatar a los bancos, hoy se utiliza para rescatar a las familias", ha subrayado tras el Consejo de Ministros.
Tras un análisis preliminar realizado por Sepes, se han identificado activos que sumarán 95.000 inmuebles al parque público de vivienda del Estado. Los inmuebles deben cumplir una serie de criterios geográficos, económicos y técnicos para ser considerados aptos.
En el caso de las viviendas, deberán estar en municipios de áreas metropolitanas o islas, o en localidades de más de 5.000 habitantes, o de más de 1.000 si han crecido más de un 5 % en la última década. Además, se priorizarán aquellas con una superficie útil de hasta 85 m2, o de hasta 150 m2 si su valor no excede ciertos umbrales económicos.
Respecto a los suelos, deberán ubicarse en municipios de más de 5.000 habitantes, estar clasificados para uso residencial plurifamiliar y permitir la construcción de al menos 30 viviendas. También deberán estar debidamente registrados y bajo dominio mayoritario de la Sareb.
Una excepción clave es la de las viviendas que ya están en régimen de alquiler social: independientemente de los criterios, serán incorporadas directamente en el nuevo plan, en cumplimiento del compromiso institucional del Ministerio de Vivienda.
Recursos adicionales de casi 600 millones
El Ejecutivo ha aprobado además un segundo acuerdo para ampliar los recursos destinados a la nueva empresa pública de vivienda. En concreto, se destinarán cerca de 600 millones de euros procedentes del acuerdo del 9 de mayo de 2023 para el fomento del desarrollo urbanístico y la promoción de viviendas en alquiler asequible en ámbitos titularidad del Ministerio de Defensa.
Concretamente, "se ha analizado de forma exhaustiva la viabilidad de los solares ofertados por Defensa, para priorizar la adquisición de aquellos que están disponibles para su desarrollo inmediato". "Tras ese análisis, se ha procedido a la compra del 35% de los solares disponibles sobre los que ya se están iniciando los trámites para edificar vivienda y se está en proceso de acuerdo para cuatro más", apunta Vivienda.
Con los 593 millones se proyecta invertir en el desarrollo de los suelos adquiridos, completar compras en curso, impulsar otras actuaciones dentro del plan de vivienda asequible, incrementar el parque de vivienda pública mediante nuevas adquisiciones y adecuar inmuebles procedentes de Patrimonio.
Para la ministra Rodríguez, esta operación marca una diferencia política clave respecto a la gestión de crisis anteriores: "Nuestro modelo es lo público; es salvar a las familias", recalcó. El Gobierno busca con esta estrategia no solo aumentar el parque de vivienda asequible, sino también corregir las secuelas sociales de la última crisis financiera, poniendo en valor recursos hasta ahora infrautilizados.