La crisis de la vivienda asola buena parte de Europa. No obstante, España es uno de los países que empieza a preocupar en mayor medida por la imparable subida de precios (ni la histórica subida de los tipos de interés ha logrado aplacar esta tendencia) y el lentísimo despertar de la oferta, el desequilibrio se agranda cada año. Esto, aderezado con una legislación que en muchos casos resulta contraproducente, está dando como resultado una inédita escasez de vivienda que a primera vista solo va a empeorar. Buscar un alquiler o una casa para comprar en los portales inmobiliarios se ha convertido en una auténtica pesadilla: los inmuebles desaparecen, los pocos que quedan anunciados no paran de subir de precio y si se tiene la opción de ir a visitar a alguna, el vendedor tiene la sartén por el mango y exige todo lo que quiere, convirtiendo en ocasiones la venta en una suerte de subasta que parte del supuesto precio anunciado. Tal es la situación que cada vez son más los medios internacionales que ponen el foco en lo que está ocurriendo en el inmobiliario español. El último en hacerlo ha sido uno de los diarios más prestigiosos del mundo y no para bien.
The New York Times ha dedicado un amplísimo reportaje al mercado inmobiliario de Barcelona, que según el reputado medio americano se ha convertido "en el centro del problema de la vivienda en Europa... La crisis de la ciudad española ejemplifica una escasez más amplia de viviendas asequibles que se extiende rápidamente por Europa y aumenta la desigualdad", señala este medio. Tal y como ha publicado elEconomista.es, la situación de Barcelona y Cataluña, en general, es dramática.
Con todo, The New York Times ha dedicado un extenso reportaje a la crítica situación del mercado de la vivienda en España, centrando su foco en Barcelona, ciudad que ha sido definida como el "ground zero" o zona cero de esta crisis. Según el diario, "España se enfrenta a una crisis de la vivienda que se ha convertido rápidamente en una de las más agudas de Europa".
Desde 2015, cerca del 10% del parque de vivienda del país ha sido adquirido por inversores o transformado en alquiler turístico. Los precios del alquiler han subido un 57% desde entonces, y los de compra, un 47%, mientras que los ingresos de los hogares apenas han aumentado un 33%, según PwC. En Barcelona, el alza de los alquileres ha sido aún más pronunciada: un 68% en la última década, incluso más que en Madrid.
La raíz del problema es compleja. En palabras de Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, "la vivienda debe ser un derecho, no un negocio". Sin embargo, en la práctica, las dinámicas del mercado, el auge del turismo y la conversión del sector inmobiliario en una suerte de mercado de inversión han convertido a las viviendas en activos especulativos. A esto se suma la carencia de vivienda pública, que lleva años sin construirse y cuyas existencias se redujeron drásticamente tras ser vendidas por los gobiernos en épocas de crisis para sanear cuentas.
Barcelona, con su atractivo turístico global y un flujo creciente de trabajadores extranjeros, ha recibido de lleno el golpe de esta transformación. "Nos enfrentamos también a una amenaza interna: la desigualdad creciente causada por la falta de vivienda asequible", advirtió el alcalde Jaume Collboni en declaraciones al New York Times.
Ante el desbordamiento, Collboni ha puesto en marcha medidas de calado: topes de alquiler, la compra de edificios por parte del ayuntamiento para impedir desahucios, y la que será una de las políticas más rompedoras de Europa: poner fin a las licencias de alquiler turístico en plataformas como Airbnb para 2028. "De un plumazo, boom: pondremos 10.000 pisos de nuevo en el mercado", prometió el alcalde. Esto, calcula, podría permitir que unas 25.000 personas vuelvan a residir en la ciudad.
Pero mientras las soluciones estructurales avanzan a ritmo de trámite administrativo, miles de personas siguen expuestas al desahucio. "¿Para qué construir más, si ya hay viviendas vacías?", se preguntan desde la Unión Socialista de Vivienda de Cataluña, que exige a las autoridades que obliguen a bancos y grandes tenedores a poner en alquiler sus propiedades vacías. Según sus estimaciones, en Barcelona habría unas 75.000 viviendas deshabitadas.
Escasez y leyes contraproducentes
El reportaje del New York Times recoge también la perspectiva de propietarios e inversores, quienes aseguran que la regulación excesiva ha criminalizado a los arrendadores. "Hay una falta de vivienda porque promotores, propietarios e inversores han sido demonizados", afirmó Jesús Encinar, fundador del portal inmobiliario Idealista. El diario destaca además la polémica legal que permite a los fondos adquirir edificios para transformarlos en alquileres temporales —por debajo del año de duración—, como el caso de Casa de la Papallona.
A los problemas estructurales de la ciudad y la región (que también adolecen al resto de grandes ciudades de España) se le ha unido la ley de la vivienda que se ha implementado en la Ciudad Condal, poniendo tope a los precios del alquiler, lo que se ha llevado por delante un cuarto de la oferta de pisos de la región. Hasta 270 municipios catalanes aplicaron la norma. Los datos de las firmas inmobiliarias privadas afirman que la oferta se ha desplomado y ahora más de 330 inquilinos compiten por cada vivienda disponible.
Otras ciudades europeas se están viendo, también, afectadas por la crisis inmobiliaria, pero Barcelona ha sido la más afectada de todas, según el diario americano. Esta ciudad soleada, con la Sagrada Familia y La Rambla, atrae a unos 15 millones de turistas al año. Decenas de miles de trabajadores extranjeros han emigrado recientemente, impulsando la economía, pero agravando la situación. Además, la tremenda escasez de oferta nueva y el deterioro de las viviendas vacías son dos recordatorios de que no hay solución a corto plazo.
Por ejemplo, el fondo New Amsterdam Developers ha comprado cientos de apartamentos en la ciudad, muchos destinados a trabajadores temporales o turistas con mayor poder adquisitivo que los residentes locales. Y no es el único: otras empresas aprovecharon vacíos legales para convertir bloques enteros en alojamientos vacacionales, alterando la vida de comunidades enteras. "Esto era una comunidad de familias y ancianos. Ahora vivimos rodeados de desconocidos", lamenta Maite Martín, vecina desde hace 25 años en un edificio donde el 25% de los pisos ya son turísticos.
Ante este panorama, algunos residentes han optado por resistir. En edificios como Casa de la Papallona, los inquilinos han decidido permanecer en sus casas como forma de protesta. La ocupación se ha convertido en una herramienta de activismo, especialmente en Barcelona, donde la exalcaldesa Ada Colau surgió precisamente de este movimiento. Sin embargo, el actual gobierno catalán ha empezado a tomar medidas para frenar este tipo de acciones.
El ejecutivo de Illa ha anunciado un plan para construir 50.000 viviendas asequibles hasta 2030, en colaboración con promotores privados. En El Carmel, uno de los barrios afectados, ya se levantan bloques públicos de viviendas energéticamente eficientes y con alquileres limitados. "Hay que moverse más rápido", reconoce Carles Mas, arquitecto del proyecto.
