Elevar las penas en los casos de ocupación, permitir que los propietarios puedan cortar los suministros de la casa sin que se considere un delito de coacciones o agilizar los procesos judiciales para recuperar las propiedades. Estas son algunas de las propuestas elaboradas por el IEE (Instituto de Estudios Económicos) para luchar contra la ocupación ilegal de viviendas, un problema que en los últimos años se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos.
El centro de estudios de la CEOE también pide cambiar el requisito de forma del contrato de arrendamiento de bienes inmuebles requiriéndose sello de la Administración de la comunidad autónoma competente en materia de vivienda que acredite que se ha depositado la fianza en dicha comunidad y que el contrato está celebrado por quien lo alega para paralizar una medida cautelar.
Asimismo, también apuesta por equiparar el delito de usurpación al de allanamiento de morada, lo que permitiría obtener casa de "manera inmediata" la posesión del bien ocupado ilegalmente, tal y como sucede en la mayoría de los países europeos. "El ocupante ilegal no debe gozar del derecho a la inviolabilidad del domicilio. Debe objetivarse, a través de medidas cautelares eficientes en un plazo no inferior a 72 horas para el desalojo policial", reclaman desde el IEE.
En materia fiscal, solicita una exención al propietario de la obligación del pago de los impuestos que gravan la propiedad del inmueble cuando se acredite haber iniciado un procedimiento judicial para lograr el desalojo de un ocupante ilegal.
En cuanto a las penas, los expertos piden elevar las sanciones por estafa procesal en el caso de falsificación de contratos de arrendamiento aportados por el ocupante ilegal, así como en aquellas en las que se haya producido la existencia del "dolo coetáneo" al momento de la celebración del contrato que hace atraer la existencia de un delito de estafa y no un incumplimiento civil.
Desde el centro de estudios consideran necesario adoptar medidas cautelares en el proceso civil y penal que favorezcan el desalojo judicial, protegiéndose a todo propietario sea persona física o jurídica, y permitir que las denuncias ante las fuerzas de seguridad, acompañadas de un documento que acredite la propiedad del inmueble, sea suficiente para que el Juzgado de Instrucción de guardia ordene el desalojo.
"Es preocupante que, en España, a pesar de contar con un amplio margen de mejora, no se perciban esfuerzos sustanciales para reformar y fortalecer la protección de la propiedad privada inmobiliaria", recoge El problema de la ocupación ilegal en España. Por ello, piden ampliar el ámbito de aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas, y extender la posibilidad de uso de medidas cautelares también a personas jurídicas y a inmuebles distintos de vivienda.
Crecen las denuncias
Las denuncias por ocupación ilegal de inmuebles en España se han multiplicado por más de seis en el periodo 2018-2024, hasta el 34,5%. Además, sólo en 2024 el número de denuncias por ocupación ilegal de inmuebles aumentara un 7% en comparación al año anterior, hasta rozar los 16.500 casos, mientras que los desahucios por impagos de alquileres avanzaron un 4,5%.
Si se analiza la ocupación de viviendas en España en relación con el número de viviendas vacías en cada comunidad autónoma, los datos muestran que Cataluña presenta la mayor incidencia en comparación con el total nacional, con un índice de ocupación que es casi cuatro veces superior al total nacional. Desde el IEE, consideran que el problema de la ocupación ilegal en España es reflejo de un "deficiente" marco regulatorio que no garantiza el derecho a la propiedad privada inmobiliaria, así como de una "ineficiente" intervención pública en materia de vivienda.
Derechos de la propiedad
El Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IIDP) 2024 muestra que España continúa presentando deficiencias en la protección de estos derechos, situándose por debajo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Unión Europea (UE), lo que subraya el deterioro de este fundamento de las economías más desarrolladas y la ausencia de medidas destinadas a la mejora de la protección de estos derechos.
Así, en 2024, España se mantuvo en la mitad inferior del ranking del Índice, posicionándose en el puesto 22 de los 37 países analizados de la OCDE, lo que indica la ausencia de medidas para mejorar la protección de los derechos de propiedad. Respecto a 2023, España ha experimentado una reducción más pronunciada que el resto de los países de la Unión Europea y que el resto de la OCDE en el subcomponente del entorno legal y político. En términos relativos, España presenta un resultado inferior en un 4,3% al valor medio de la OCDE y un 1,9% al de la media de la UE.
