Comprar viviendas okupadas para luego venderlas. Son muchas las empresas que se dedican exclusivamente a ese negocio o tienen una división destinada a ello, ya que ofrece retornos muy atractivos (aunque también entraña muchos riesgos). "Cuanto más riesgo, más rentabilidad buscamos. Es la perspectiva tiempo, dinero invertido y retorno a largo plazo. Nosotros aspiramos a conseguir un retorno medio del 10% en nuestros proyectos", explica Jessica Xia, responsable de Bafrenow, una de las ramas de negocio de Bafre Inmobiliaria, la empresa de origen chino conocida por empapelar Madrid con propaganda que promete comprar y vender una casa en tan sólo 15 días, y que ahora compra casas okupadas. Hasta el momento, la firma liderada por el joven empresario Long Fang Hu, gestionaba la venta y alquiler de casas de segunda mano, y comercializaba obra nueva en la Comunidad de Madrid.
El proceso de adquisición de las viviendas okupadas comienza cuando los propietarios presentan la información correspondiente del inmueble a la compañía, tras lo cual, Bafre realiza una valoración y después, lanza una oferta para adquirir la casa. El importe de la oferta tiene en cuenta tanto la tipología de la casa como los riesgos adicionales que implica la operación. Un enfoque que permite a la inmobiliaria ofrecer "soluciones integrales a propietarios en apuros, mientras mantenemos una visión estratégica a largo plazo para expandir nuestra cartera de activos", explica Jessica Xia. Una vez adquirido el inmueble, Bafre se encarga de la desokupación del mismo, "asegurando que el proceso se realice de acuerdo con todas las normativas legales y social. Por el momento, la firma sólo va operar en Madrid y alrededores, en municipios como Getafe o Boadilla del Monte.
¿Cómo se echa a un okupa? Las empresas que comprar viviendas okupadas se enfrentan a un complejo proceso para poder desalojar a los inquilinos no deseados. Existen varias vías para hacerlo, aunque a veces se extienden durante meses o incluso años en el tiempo: interponer una demanda de desahucio por impago de alquiler, denunciar por usurpación o allanamiento, o negociar con los habitantes de la casa.
La última opción es la más popular, y también la más rápida. Por lo general, los okupas piden dinero, pero también exigen otra casa a la que poder irse cuando dejen la que están habitando. "Nos ha pasado de todo negociando. Una vez, un okupa empezó pidiendo 1.000 euros y a los pocos minutos subió la cifra a 4.000 euros", explica Xia, que por el momento descarta contratar a empresas especilizadas en desokupación para poder acceder a los inmuebles. "Si la vía judicial soluciona, vamos a intentar no entrar por las malas en ninguna casa", comenta. La firma se ha fijado un plazo de entre seis meses y un año para desalojar a los okupas de las viviendas que llegan a sus manos.
Por lo general, las viviendas que llegan a sus manos son viviendas que se encuentran "muy descuidadas", aunque hay excepciones. ¿Y cómo son los inquilinos no deseados? Hay diversos tipos, desde delincuentes o personas auspiciadas por las mafias hasta familias vulnerables con menores de edad o personas mayores. Precisamente, esos colectivos son la línea roja de la firma. "Descartamos operaciones con menores de edad y también con mayores de 60 años. No queremos entrar en conflicto con esos colectivos, nos parece éticamente incorrecto. Nuestra intención no es dejar a nadie sin vivienda, sino ayudar y que esto sea un win-win para todas las partes", explica Xin. En cuanto al perfil del clientes, todos tienen un común: estás desesperados, desconfían del sector y tienen miedo a entrar en conflicto con los okupas.
Crecen las demandas por ocupación
La okupación se posiciona año tras año como uno de las principales preocupaciones de los ciudadanos en materia de vivienda. Según los últimos datos disponibles del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), las demandas presentadas en los tribunales por okupación ilegal el año pasado escalaron a las 2.309, lo que supuso casi un 2% anual más.
Por comunidades, Cataluña y Andalucía concentraron el mayor número de demandas presentadas, con un total de 463 y 449, sumando el 40% total de los asuntos ingresados en los tribunales. En ambas regiones crecieron las demandas solicitando el desahucio de los okupas frente al año anterior. Concretamente, en Cataluña crecieron un 4% y en Andalucía, un 5,89%. La Comunidad Valenciana también está al alza, con 391 en el año, un 3,1% anual más, mientras que en Madrid bajaron los ingresos hasta un 13%. Del lado contrario, las regiones que más redujeron las demandas fueron La Rioja, donde cayeron un 66%, de 18 a 6; y Aragón, al pasar de 28 a 19, lo que representa un descenso del 32%.