El Pleno del Senado ha aprobado la Ley del Suelo promovida por el PP, y la abstención de Junts abrió la puerta a que la iniciativa pueda ser también aprobada en el Congreso de los Diputados, donde seguirá su tramitación.
La proposición ha salido adelante con 143 votos a favor, 105 en contra y 7 abstenciones, que aunque no eran relevantes en esta Cámara, donde el PP tiene mayoría absoluta, sí evidencian la posibilidad de que la propuesta vea la luz de manera definitiva.
El texto incluye medidas de simplificación administrativa y para agilizar los Planes Generales de Ordenación Urbana de los ayuntamientos, aporta iniciativas para luchar más fácilmente contra la okupación e 'inquiokupación' y reduce a 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) -unos 900 euros al mes- los ingresos por los que una familia puede declararse vulnerable, frente a los 1.800 euros actuales.
El senador popular José Ramón Díez de Revenga, encargado de defender esta propuesta, aseguró durante la exposición de motivos que desde el Partido Popular se han reunido con más de 40 agentes implicados en el problema de la vivienda para conocer sus perspectivas.
Asimismo, indicó que del trabajo conjunto con los consejeros de vivienda autonómicos del Partido Popular partió la 'Declaración de Asturias' y de las preocupaciones de los concejales de urbanismo del PP en las ciudades de más de 200.000 habitantes salió la 'Declaración de Zaragoza', ambas ilustran las propuestas de la formación comandada por Alberto Núñez Feijoo en materia urbanística.
Además, el senador popular indicó que el Plan de PP está basado en un "amplio acuerdo social" e incluye medidas para desburocratizar el desarrollo de suelo y reduce de 4 a 10 años el plazo para trazar un desarrollo urbanístico y otorga silencio positivo en el caso de que las administraciones no contesten en tiempo y forma en el plazo de tres meses.
"Esta ley por el desarrollo urbano es el complemento que falta para cambiar el rumbo catastrófico que llevan hoy las políticas de vivienda. Sienta las bases de la solución con una propuesta de modificación de cinco leyes nacionales", afirmó Revenga, quien cargó contra las promesas 'fake' en materia de vivienda del presidente del Gobierno y la "política de enfrentamiento". "No más pobres contra ricos, no más propietarios contra inquilinos", afirmó.
Por su parte, la senadora popular Alicia García cargo contra la "destrucción de la oferta" que ha provocado la Ley de Vivienda y la declaración de Zonas Tensionadas ocasionada en municipios como Rentería - declarado zona tensionada- donde ya no hay viviendas disponibles para alquilar en plataformas como Idealista. "La oferta se hunde porque el Gobierno ha generado tanta desconfianza que ha provocado que nadie quiera alquilar su vivienda", aseguró García, quien indicó que los propietarios ahorradores "tienen miedo" de poner su vivienda en alquiler.
Además, manifestó que, gracias al Gobierno "los okupas tienen más derechos que los propietarios" y recordó el rechazo que suele causar este fenómenos en las comunidades en las que se asienta. "Si el Gobierno combatiera la okupación en vez de negarla los vecinos no saldrían a la calle a protestar", afirmó.
Por su parte, el senador socialista José Javier Izquierdo afirmó que esta propuesta está plagada de "cargas de dinamita" contra el quinto pilar del Estado y aseguró que los popular pretenden torpedear una Ley de Vivienda que está "dando resultados", como se demuestra con los datos de Cataluña. Según la Generalitat, se ha conseguido bajar el precio un 3,7% sin reducir la oferta. Izquierdo, quien lamentó que algunas comunidades autónomas como Madrid o Andalucía hayan dejado del gastar del orden de 2.000 millones de euros en políticas de vivienda, tildó de "aporofobia" la idea de bajar el umbral de vulnerabilidad a 900 euros y aseveró que mientras el Gobierno trabaja para garantizar el derecho a una vivienda digna el Partido Popular trabaja en beneficio de los especuladores y los fondos de inversión.