El responsable de Vivienda de Sumar, Alberto Ibáñez, propone una compra masiva por parte del Estado de vivienda que está siendo utilizada para fines no residenciales, como los pisos turísticos, que se sufragaría mediante los presupuestos generales sin descartar para ello una subida de impuestos.
Durante su intervención en una jornada sobre despolarización de la Vivienda organizada por la plataforma civil España Mejor, ha señalado que esta compra se haría a un precio regulado y ayudaría a tener un parque de viviendas en alquiler asequible que gestionaría el Estado.
Ibáñez, que ha declarado ser un "amante de los impuestos", propone también que se prohíba la compraventa de viviendas por parte de personas jurídicas y que los alquileres puedan ser indefinidos salvo que los propietarios la necesiten para vivir.
En su opinión, no se puede resolver el problema de la vivienda sin atajar que algunos la consideran como un negocio y entiende que es necesario llegar a acuerdos y dejar atrás el partidismo.E
El PP critica el proyecto de empresa pública de vivienda
Por su parte, José Ramón Díez de Revenga, secretario ejecutivo de Vivienda del PP, cree que la empresa pública de vivienda anunciada por el Gobierno es improvisada e inviable y lamenta que todos los esfuerzos se centren exclusivamente en vivienda pública y en alquiler ya que, apunta, la inmensa mayoría de los ciudadanos quiere vivir en propiedad.
El PSOE señala a las comunidades 'rebeldes'
Ignasi Conesa, portavoz del PSOE en Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Congreso, pide que las comunidades autónomas que no aplican la Ley de Vivienda lo hagan y señala que la polarización es mala, que hay diferentes formas de ver la actual situación y cómo salir de ella, pero que no hay el ambiente adecuado para llegar a acuerdos y que las faltas de respeto no ayudan, poniendo como ejemplo que no saliera adelante la Ley del Suelo.
Considera que la empresa pública supone un cambio de paradigma en la visión de la vivienda, que tiene que ser un derecho y no un negocio.
Desde Vox, su responsable de vivienda, Carlos Hernández, entiende que sería deseable liderar una solución conjunta de la mano del entendimiento y la cooperación. Sostiene que es falso que el alquiler nos vaya a hacer más libres y que su impulso excesivo ha provocado una burbuja en la que las regulaciones ineficaces están recortando la oferta y elevando los precios.
Entiende que la mayoría de la gente quiere vivir en propiedad y que hace falta construir más, devolver la seguridad jurídica, agilizar el suelo, bajar los impuestos y promover la colaboración público-privada.
