La mejora de la eficiencia energética del parque inmobiliario podría reducir no sólo las emisiones de CO2, sino también la factura anual de 330.000 millones de euros en importaciones de energía de la UE, según un informe publicado por ING.
En este escenario, la Unión Europea ha tomado medidas para avanzar hacia un futuro más sostenible teniendo en cuenta que el sector residencial tiene un papel fundamental. Los nuevos objetivos adoptados por el Parlamento en julio de 2023 fijan una reducción colectiva del consumo de energía de al menos el 11,7% a escala de la UE para 2030.
"El sector residencial tiene un papel clave en la transición ecológica porque los edificios representan casi el 40 % del consumo de energía final de la Unión Europea y un 8% del total de las emisiones del inventario de gases de efecto invernadero de España", explica el informe, que destaca que "España tiene un reto en eficiencia energética2, ya que "más del 80% de las viviendas tiene una calificación energética E, F o G". Las regiones con un menor porcentaje de edificios con calificación E, F y G son Navarra, Castilla y León, La Rioja, Madrid, Galicia y Andalucía.
El País Vasco es la región con el porcentaje más alto de edificios muy poco eficientes en su parque edificado, le siguen Canarias, Baleares, Murcia, Comunidad Valenciana y Cantabria.
Según destaca ING, "las políticas urbanísticas se han centrado en crear nuevas viviendas, pero no rehabilitar las existentes para hacerlas más sostenibles. Una de las razones de la mala eficiencia energética en España es la antigüedad del parque edificado y su escasa rehabilitación". Así, apunta que alrededor del 55 % del parque edificado en España es anterior al año 1980 y el 21 % cuenta con más de 50 años, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Lo que hacen otros países
En otros países han puesto en marcha ya medidas para atajar este problema. Así, Italia se distingue por sus políticas de eficiencia energética a través de la subvención para la mejora energética de edificios de hasta el 110% de lo gastado. Esta deducción fiscal conocida como 'Super Bono 110' fue aprobada en mayo de 2022 y "ha permitido el crecimiento económico y el aprovechamiento de los Fondos Next Generation". Ahora se limitará al 70% salvo para rentas bajas que podrá mantenerse hasta el 110%.
En Reino Unido destaca el Green Finance Institute que es el principal organismo de innovación en finanzas sostenibles en Reino Unido y Europa. Este organismo considera que el papel de la vivienda es fundamental para la lucha contra el cambio climático dado que el 23% de las emisiones del país se atribuyen a los edificios. Así que en mayo de 2024, lanzaron el programa de formación sobre hipotecas verdes para impulsar la descarbonización del entorno construido.
Por otro lado, en la región flamenca de Bélgica, se ha establecido un régimen sancionador para aquellos propietarios que tengan una mala calificación en certificados energéticos en sus residencias y que en un plazo de cinco años no lleven a cabo una reforma para mejorarla. La etiqueta A es el objetivo final para cada casa o apartamento para 2050.
En Estados Unidos, el Property Assessed Clean Energy (PACE) es un programa de financiación para la mejora de la eficiencia energética en los edificios y permite al propietario implementar mejoras sin un gran pago inicial en efectivo. Este programa es un incentivo para fomentar la eficiencia energética permitiendo una financiación segura a largo plazo.
Situación en España
Según el informe de ING, la eficiencia energética es "un reto del país en cuanto a legislación, financiación y concienciación en la sociedad". Sólo el 1,2% de las EPC del mercado español son A o B (Eurolex 2021). "Esto se debe a que España tiene criterios más estrictos que otros países europeos, lo que, pese a sus buenas intenciones, puede desincentivar los esfuerzos en eficiencia energética en el sector residencial, que son esenciales para avanzar hacia la descarbonización", explica.
Por tanto considera que "acelerar la homogeneización de estos certificados a nivel europeo es esencial para evaluar el grado real de cumplimiento de cada país de la UE en materia de eficiencia energética".
Además, ING advierte que "sin bonificaciones fiscales y subvenciones no hay incentivos para la descarbonización". Actualmente, hay varias deducciones fiscales de hasta el 60% para el IRPF y hasta el 50% en el IBI. Sin embargo, "el despliegue de las ayudas a la rehabilitación de viviendas, por ejemplo en los Fondos Europeos que pasan por las administraciones territoriales, deben llegar en tiempo y forma a los demandantes", apunta.
"Hay que tener en cuenta que los españoles disponen de menos ingresos (38%) y capacidad de ahorro (42%) respecto a otros países de nuestro entorno como Francia, Irlanda o Alemania. Esto también dificulta la financiación de las mejoras necesarias en los edificios, por lo que serán necesarios programas de subvenciones más amplios", explica el informe.
Por otro lado, ve esencial "disponer de información clara en el etiquetado. Sin acceso a una base de datos no hay información transparente y de calidad" Así, apuesta por la creación de "una base de datos centralizada que ayudaría a recopilar información de valor sobre el consumo energético facilitando una información precisa acerca del uso de la energía, identificando áreas de mejora para llevar a cabo prácticas más eficientes y sostenibles".