Zaragoza
El Plan de Vivienda de Aragón llegará a su fin en 2025. Desde el grupo parlamentario de IU Aragón se aboga por comenzar a elaborar las nuevas medidas en materia de vivienda, que deben pasar por facilitar el acceso a un "techo" a un precio asequible.
Sobre esta premisa general, el diputado de IU Aragón, Álvaro Sanz, ha presentado un paquete de medidas formado por nueve propuestas para su debate en el pleno de este jueves en las Cortes de Aragón con el fin de que sean tenidas en cuenta en la elaboración del próximo plan de vivienda de la comunidad.
Las medidas pasan por disponer de un parque público de vivienda que aumente la bolsa de alquiler social, de manera que pueda "servir como regulador de un mercado especulativo sobre el que el estado tiene hoy muy poco margen de actuación".
De forma paralela, se aboga por movilizar la vivienda ya existente con el fin de aumentar la oferta con aquellas que están vacías y en condiciones de ser utilizadas para lo que se propone dar garantías a los pequeños propietarios para que no tengan miedo a alquilar, por ejemplo, con un seguro a cargo de la Administración, aunque el precio del inmueble sería tasado.
Otras medidas se basan en rehabilitar el parque de viviendas e incluir iniciativas dirigidas a limitar la especulación inmobiliaria. Además, se apuesta por que la inversión pública sea una herramienta social durante la vida útil de la inversión por lo que se propone la vivienda en alquiler de titularidad pública nueva, ejerciendo el tanteo y retracto, o la adquisición de la ya construida. De este modo, la VPO en propiedad, aunque para IU no debe ser una prioridad, debe vincularse al régimen público de por vida para no perder su naturaleza pública y social y evitar que pase al mercado especulativo.
Desde la formación, también se apuntan otras actuaciones como la movilización de la vivienda privada desocupada con herramientas fiscales, así como el impuso a nuevos modelos habitaciones como las cooperativas de vivienda en cesión de uso que funcionan en otros países.
Estas medidas permitirían no solo facilitar el acceso a la vivienda si no evitar fallos de las actuaciones anteriores. Según ha explicado Sanz, "el Gobierno ha invertido 160.000 millones de euros en subvenciones que no se tradujeron en la construcción de vivienda pública".
Además, ha señalado que tampoco funciona la desregulación de suelo ni los suelos dotacionales para desarrollar vivienda de la mano de nuevos promotores privados. Una acción esta última sobre la que ha indicado que hay movimientos vecinales que no quieren este nuevo uso para estos terrenos destinados a parking o instalaciones educativas o de salud.
"Hay dos maneras de entender la vivienda, como un derecho, reconocido en el artículo 47 de nuestra Constitución, o como un bien de mercado, que considera la vivienda como un bien privativo y, por lo tanto, no entra en la garantía del derecho a techo", incide Álvaro Sanz, quien ha abogado por dejar de "subvencionar a los promotores de las viviendas con medidas que supuestamente benefician a las personas".
Son medidas que considera necesarias, dado que los salarios han subido el 17% mientras que ha aumentado en vivienda un 56% el coste. "Es un problema complejo y que no se resuelve en el corto plazo. Se necesitan medidas aparejadas a la vez, presupuesto y voluntad política. Es imprescindible un cambio de rumbo".
