La reunión sectorial de Vivienda se ha convertido en el nuevo campo de batalla donde el Ejecutivo y las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han mostrado sus desavenencias a cuenta de la ley de vivienda. Este asunto, que no se contempla en la agenda oficial del día (si que lo está el nuevo Plan Estatal de Vivienda o la ampliación del Bono Alquiler Joven), lleva meses planeando en la arena política debido a la amenaza lanzada por el Ministerio del ramo de retirar los fondos estatales de vivienda a los territorios que no apliquen la controvertida ley estatal, y el consiguiente control de precios del alquiler en las zonas tensionadas. Una amenaza que el Ministerio de Isabel Rodríguez ha rebajado este jueves, o al menos, ha matizado. Dice que no va recortar los fondos, sino que va a beneficiar a los territorios que apliquen la norma.
"Ofrezco acuerdo, colaboración y recursos y espero del PP, que es un partido de Estado que ahora está en la oposición, que haga lo que se espera, alcanzar un pacto entorno a la vivienda", ha indicado la ministra antes de la reunión. En este sentido, y según matizan fuentes de su Ministerio, se trata de "premiar" a aquellas comunidades que están aplicando la ley, y que han reconocido que tienen un problema en esta materia, "aplicando para ello otra serie de medidas extraordinarias de las que se van a poder beneficiar, lo que no implica que se quiten fondos al resto".
Antes del encuentro, todas las comunidades autónomas gobernadas por los populares (Madrid, Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Baleares, Castilla y León, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) han firmado un comunicado conjunto para mostrar su "rotundo rechazo ante el intento del Gobierno de imponer sus fracasadas e inoperantes políticas de vivienda". "No toleramos la amenaza y el chantaje de la ministra de retirar los fondos a las comunidades autonómicas por no aplicar voluntariamente una medida contemplada en su Ley por el derecho a la Vivienda, que se ha demostrado perjudicial para los ciudadanos", subrayan.
Los populares recuerdan al Gobierno que el Estado tiene la obligación de repartir de forma equitativa los recursos públicos, fomentando la igualdad de todos los ciudadanos, vivan donde vivan. "No hacerlo así supondría un quebrantamiento del ordenamiento jurídico y legal y de las buenas prácticas de la gestión de los fondos estatales y comunitarios", avisan. Además, también denuncian el grave problema que existe en España con la 'okupación', que cifran en 78.800 viviendas en el conjunto de España, "dato equiparable a ciudades como Toledo o Guadalajara".
Madrid, epicentro de las críticas
La Comunidad de Madrid presidida por Isabel Díaz Ayuso ha sido una de las principales opositoras de la ley de vivienda. La dirigente defiende que la intervención en el mercado del alquiler no solo no solucionará los problemas de acceso a la vivienda, sino que podría agravar la situación, desincentivando a los propietarios a poner sus viviendas en alquiler. "No se pude limitar el precio de la vivienda porque no funciona y porque es un atentado contra la propiedad", decía recientemente la dirigente madrileña, quien cree que las políticas de intervención solo sirven para generar mayor escasez de oferta, con el consiguiente aumento de los precios a largo plazo.
En este contexto, este mismo jueves, Ayuso ha asegurado que los precios de la vivienda en Madrid si se compara "con otras grandes capitales europeas y mundiales" no tiene "ni mucho menos" los mismos precios. "Para que la gente pueda acceder a una vivienda en la condición que sea, lo primero que hace falta es un empleo de calidad que su Gobierno le niega a la inmensa mayoría de los jóvenes de los que usted me habla", ha trasladado a Lobato.