
El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha avanzado que adoptará alguna medida normativa en materia de viviendas de uso turístico y pretende "sujetar a previa licencia" los cambios de uso de vivienda existente.
Así lo ha expuesto Quiñones en su intervención en la Comisión Extraordinaria de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, en la que ha hecho balance de los avances de su departamento en lo que va de legislatura, en la que ha apuntado que la "proliferación" de estas viviendas tienen efecto directos "sobre el mercado local de vivienda habitual y permanente".
Así, el objetivo es analizar la situación y determinar la regulación necesaria. En concreto, la Junta quiere sujetar a previa licencia los cambios de uso de viviendas existentes, así como establecer el carácter temporal de esas licencias, a cinco años, que parece un plazo "razonable" y habilitar al planeamiento urbanístico municipal para que pueda identificar las áreas donde la alta concentración de VUT genere problemas de acceso a la vivienda o ponga en riesgo el equilibrio del entorno urbano.
También pretende incorporar al régimen legal de infracciones y sanciones el supuesto de cambio de uso de vivienda a VUT sin licencia urbanística municipal, ha detallado el consejero.
Asimismo, se plantea establecer una moratoria para la concesión de licencias a nuevas VUT en los municipios con población superior a 5.000 habitantes, durante el tiempo necesario para que un estudio elaborado por la Consejería pueda delimitar los ámbitos donde se produzca una saturación de VUT con los consiguientes perjuicios para el acceso a la vivienda permanente.
El número de viviendas turísticas en Castilla y León se calcula en 4.592 y el de apartamentos en 560, lo que supone un total de 5.152, según los inscritos en el departamento de Turismo de la Comunidad a fecha 28 de junio.
Acceso de los jóvenes
Por otro lado, Suárez-Quiñones ha recordado que la Junta avanza en la reforma de la Ley del Derecho a la Vivienda con un anteproyecto, mientras pone en marcha iniciativas para "facilitar el incremento de la oferta de vivienda en la Comunidad, así como su acceso a los jóvenes y grupos vulnerables".
En este sentido, ha destacado varias medidas y reformas, mediante el Decreto-Ley 2/2022 con el que se introducen las viviendas colaborativas y las de protección pública (VPP) para el uso de terceros en el medio rural. También a través de la Ley 1/2023, que aumenta los ingresos familiares para poder ser adjudicatario de viviendas de promoción pública y facilita el uso de locales comerciales sin uso como viviendas.
En este sentido, ha recordado que ha actualizado los precios máximos de venta y alquiler adecuándolos al incremento de precios de los costes de construcción para incentivar la construcción de vivienda protegida.
Además, ha resaltado el lanzamiento del Plan de Acceso a la Vivienda para Jóvenes (TUYA), que incluye ayudas a la compra y alquiler, incrementando el parque público de alquiler y ofreciendo beneficios fiscales.
Asimismo, ha recordado que la Consejería ha reducido el precio de compra de viviendas de promoción pública en municipios rurales y creado la línea de garantías 'Mi Primera Vivienda' para avalar préstamos hipotecarios, que ha tenido ya más de 2.800 solicitudes y más de 600 hipotecas constituidas.