Valencia
La Torre Placia, un edificio defensivo de 12 metros de altura que se construyó en el siglo XVI formando parte de un antiguo complejo rural en lo que entonces era la huerta de Alicante, está a punto de cambiar de ubicación cinco siglos después.
Este histórico edificio, también llamado Torre Plasia o Torre Plácida, parece ser que en recuerdo de una de sus primeras propietarias, no ha tenido una existencia demasiado tranquila en las últimas décadas. La torre, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) y protegida, ha estado en medio de un litigio judicial después de que se construyeran a su alrededor un complejo de viviendas que a su vez forman parte del entorno de un campo de golf cercano.
Ahora el Ayuntamiento de Alicante trata de resolver definitivamente el embrollo y cumplir la sentencia judicial con su mudanza a una parcela municipal ubicada a unos 500 metros de los terrenos en que se había erigido. Una solución con la que evita tener que demoler las 12 viviendas unifamiliares construidas y habitadas que según una sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana de 2004 al estar en un radio de 25 metros desde la Torre Placia no respetaban la legalidad según la normativa de Patrimonio.
Esas casas habían sido autorizadas con licencia de construcción municipal en el año 2000, dado que las normas urbanísticas que se aplicaban a la zona no establecían ninguna cautela respecto a la protección de las torres defensivas de la huerta y su entorno. Algo que según el consistorio se debió a que el planeamiento se había aprobado con anterioridad a la anotación del BIC. Ejecutar la sentencia destruyendo esas viviendas supondría también elevadas indemnizaciones para los afectados de estas casas, cerca del límite con Playa de San Juan.
Hasta el Consejo de Ministros
El proceso para llevar a cabo la mudanza tampoco ha sido sencillo. Para ello fue necesario aprobar un Real Decreto 510/2017 de traslado de la Torre Placia por el Consejo de Ministros, de acuerdo con "la posibilidad excepcional" contemplada en el artículo 38 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano.
Dos años después el Ayuntamiento de Alicante, en septiembre de 2019, adjudicó la redacción del proyecto y ejecución de las obras a Estudio Métodos de la Restauración (EMR), una de las firmas valencianas especializadas en restauración y que está controlada por el grupo constructor Torrescámara.
Sin embargo, los trámites de protección cultural no habían acabado ahí. La Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deporte incluyó una serie de subsanaciones al proyecto original que supusieron un incremento en el coste inicial de las obras y del importe del contrato, que hizo necesario modificar el proyecto.
Contrato piedra a piedra
Finalmente, el acuerdo con la empresa contempla un contrato por 1,76 millones de euros, según aprobó este martes la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alicante en el proyecto básico y de ejecución de las obras de traslado de la Torre Placia, el último trámite administrativo.
Los trabajos de desmontaje de la torre, así como la reconstrucción de la misma en la parcela de destino se harán piedra a piedra, según el proyecto, con supervisión arquitectónica y arqueológica. La parcela donde se ubicará a unos 500 metros es municipal, ubicada entre las avenidas Pintor Pérez Gil y Conrado Abaladejo y la calle Juana Francés. Precisamente con esa proximidad al solar original se busca dar respuesta a la reclamación del Ministerio sobre la contextualización histórica con respecto al resto del conjunto monumental.
Según el consistorio, en su ubicación actual debido a las viviendas que la rodean el inmueble no es visible con otras torres situadas en el mismo vial histórico, la torre Ciprés y la Torre Mitja Lliura. Sin embargo, en el emplazamiento propuesto recuperará esta característica de las torres de huerta en su relación con la Torre Juana y la Torre Bosch. La Torre Placia forma parte del conjunto de las denominadas torres de la Huerta histórica alicantina, unos baluartes situados extramuros de la capital alicantina con lo que se buscaba garantizar la seguridad de sus pobladores frente a las amenazas procedentes del mar como las posibles revueltas domésticas. En su caso, al igual que Torre Sarrió y Torre Ferrer, es de propiedad municipal.
