14.300 millones de euros. Esa es la cifra que el Gobierno tiene previsto destinar a la construcción de 184.000 viviendas públicas en los próximos años. Así lo recoge el documento 'Impulso de País', que servirá de base para actualizar el ideario del PSOE en la Convención Política que se celebra este fin de semana. "Durante lo próximos años está previsto el despliegue de más de 14.300 millones de euros que pretenden desarrollar 184.000 viviendas a precio asequible", dice el documento.
Los socialistas explican que su intención es seguir impulsando la vivienda social y asequible, favoreciendo los alquileres justos y dando herramientas para la compra de vivienda a los colectivos "que más lo necesitan", apunta el texto recogido por Europa Press. Las viviendas que el Gobierno quiere poner en el mercado incluyen los inmuebles propiedad de la Sareb, los financiados con créditos ICO, los proyectados por el antiguo Ministerio de Transportes o los que se levantarán en suelo público de Sepes, Entidad Pública Empresarial de Suelo. En este último grupo se incluye la histórica Operación Campamento, en Madrid, que contempla la construcción de 10.700 nuevas viviendas, y cuyo desarrollo se ha convertido en una de las prioridades de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. De hecho, hace tan solo unos días dieron el primer paso para desbloquearla.
La política para movilizar vivienda asequible se complementará con instrumentos como el Bono Joven de Alquiler -que el Gobierno se ha comprometido a ampliar- o el Aval para la compra por parte de jóvenes y familias con menores a cargo. A ello hay que sumar las 500.000 actuaciones que tienen previstas hasta el año 2026 para rehabilitación de viviendas y de barrios vulnerables.
El pasado mes de diciembre, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ya había avanzado su intención de habilitar ese número de viviendas e hizo un llamamiento a todos los actores políticos: "Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos" para llevarlo a cabo. De hecho advirtió de que ninguna administración debe quedarse "de brazos cruzados" independientemente de su "color político".
Ley de vivienda
La formación también está decidida a desarrollar plenamente la ley de vivienda durante esta legislatura. Lo harán a través del nuevo Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Precisamente, el Ejectivo todavía tiene previsto aprobar una de las medidas más controvertidas de la norma: el Índice de Precios de Referencia del Alquiler que permitirá identificar las zonas tensionadas y limitar las rentas. La intención del Gobierno es que esté aprobado en tan solo unos días, en febrero, y será Cataluña la primera comunidad que lo aplique.
Las comunidades autónomas podrán declarar una zona tensionada cuando la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta de los hogares, o bien cuando el precio de alquiler de la vivienda haya aumentado al menos tres puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores.
