Grandes empresas del sector inmobiliario se posicionan en contra del pacto alcanzado entre el PSOE y las formaciones indenpendentistas catalanas (Junts y ERC ) que previsiblemente permitarán la reelección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, y que contempla la amnistía para los encausados del 'procés' como principal punto de acuerdo. La Asociación de Consultores Inmobiliarios, ACI, ha sido contundente y ha expresado su preocupación ante medidas que puedan suponer una pérdida "significativa de seguridad jurídica, calidad democrática y confianza de los inversores".
La asociación -que engloba a las principales consultoras inmobiliarias del país como BNP Paribas Real Estate, Catella, CBRE, Colliers, Cushman&Wakefield, JLL, Knight Frank y Savills- sostiene que dichas medidas tendrán repercusiones negativas en la economía española, afectando la" percepción de estabilidad y transparencia que son esenciales para atraer y retener inversiones".
Asimismo, desde ACI expresan su "respeto a los principios y valores democráticos consagrados en la Constitución Española"; y respaldan la división de poderes como "garantía de los derechos reconocidos en la Carta Magna".
Otras empresas del sector también han alzado la voz en contra del futuro Gobierno. Es el caso de Alquiler Seguro, que dibuja una Legislatura marcada por la "incertidumbre". "Un Gobierno conformado por tantos grupos y de diferentes ideas va a generar un conflicto en materia de vivienda y en el resto de ámbitos", decía Antonio Carroza, CEO y fundador de Alquiler Seguro. El directivo cree que el futuro Ejecutivo seguirá aplicando y aprobando medidas que atacan al propietario de vivienda, al gran tenedor y que desincentivarán la inversión. "Lamentablemente, esto es lo que llevamos viviendo en los últimos cinco años", decía. Especialmente crítico se mostró con la ley de vivienda aprobada a finales de mayo. Carroza considera que responde a intereses populistas y que está generando falta de seguridad y espantando la inversión.
Vivienda, prioridad para el Gobierno
Hace semanas que el Gobierno en funciones repite el mensaje de que la vivienda será el eje fundamental de la próxima Legislatura. La última en pronunciarse fue la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que prometió que la política de vivienda será prioridad del Estado y se podrá desarrollar la ley de vivienda al máximo. "Hemos sentado las bases para que la vivienda sea el quinto pilar del Estado del Bienestar", decía.
En cuanto a la vivienda pública, reivindicó que han puesto en marcha muchas medidas para que aumente el parque público de vivienda y se dé así respuesta a la mayoría de los ciudadanos, especialmente de los jóvenes.
